El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid ha denunciado lo que ya se ha convertido en otro episodio más de una recta final electoral plagada de delitos, irregularidades y detenciones. El Colegio de Arquitectos ha señalado, así, al concurso para redactar el nuevo Plan de Ordenación Urbana de Alcorcón, impulsado a semanas de las elecciones por la alcaldesa socialista de esta localidad madrileña.
El concurso tiene un importe de más de 1,5 millones de euros, está plagado de irregularidades y el Colegio de Arquitectos ha pedido al Ayuntamiento que lo retire y convoque uno nuevo que cumpla la Ley de Contratos.
El pasado 10 de mayo el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) envío una carta a la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, para intentar pactar una salida a un concurso público que los técnicos del Colegio consideran una auténtica locura. Natalia de Andrés, hay que recordar, está condenada a cinco años de inhabilitación por llevar a la insolvencia a la empresa pública de la vivienda de la ciudad (EMGIASA). El Colegio de Arquitectos denunció ya en mayo las condiciones en las que salió a concurso el pasado 21 de abril la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Alcorcón.
En la misiva los arquitectos ponen de manifiesto las inconformidades que han detectado los servicios jurídicos del Colegio oficial en las bases del concurso, señalando numerosos errores formales y administrativos, entre los que también se encuentran los criterios objetivos de adjudicación del contrato. El Colegio, de hecho, señala en su carta que "los criterios políticos no deberían formar parte de un contrato técnico".
Sobre la valoración de las ofertas, también señalan que "hay criterios de carácter economicista que no garantizan la debida cualificación profesional que se le debería exigir a un candidato en aras de conseguir la mejor calidad del servicio que se licita conforme a la recientemente promulgada Ley de Calidad de la Arquitectura". También señalan que creen "que el Ayuntamiento debería buscar esa cualificación entre aquellos profesionales que, mediante su explicación de lo que han hecho y se les ha ocurrido en otros casos a lo largo de su vida profesional, pueda resultar útil para afrontar la situación que van a encontrarse en Alcorcón".
La carta, firmada por Sigfrido Herráiz, presidente del COAM, también arremete contra los criterios de adjudicación del contrato valorables de forma automática, señalando que no favorecen la pública concurrencia contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público: "es evidente que con estas limitaciones no solamente no lo hace, sino que además se encuentra muy alejada".
Además, desde el Colegio de Arquitectos critican "la ausencia total de la documentación que justifique de donde se obtiene el precio de licitación tal y como establece la Ley de Contratos" y subrayan "la ausencia de conocimiento que se tiene de los necesarios flujos de caja que se precisan para llevar a buen fin un trabajo de estas características, dado que los trabajos correspondientes a la aprobación inicial, que se corresponden con la parte más importante de todos los procesos, únicamente se destina el 25%, cuando al menos debería de contemplarse entre el 75% y el 80%".
Antonio González Terol, candidato del PP a la Alcaldía de Alcorcón se ha sumado a las criticas y ha señalado que "no tiene sentido sacar a licitación este contrato a escasos días de unas elecciones en las que todo parece indicar que el PSOE perderá el Gobierno de Alcorcón; sólo puede suponer la intención de ese Gobierno de condicionar las nuevas políticas que, desde el Gobierno municipal del Partido Popular, se pondrán en marcha en la próxima legislatura".
Terol, por otra parte, subraya "el elevado precio del contrato, 1.536.257,12 euros, y los tiempos de tramitación del mismo, que no tienen en cuenta que se trata de un expediente muy complejo de mayor duración. Dar un plazo de tres años y medio para la finalización del contrato y consiguiente aprobación definitiva de la revisión del Plan General, es una utopía. Tengamos en cuenta que algunos de los informes sectoriales preceptivos y vinculantes, que dependen de otras administraciones están tardando en emitirse, en algunos casos, dos años o más".