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Madrid

Ayuso lleva ahora a la Audiencia Nacional el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno de Sánchez

Presenta un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo contra la orden de Hacienda que aprueba el modelo para su liquidación.

Presenta un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo contra la orden de Hacienda que aprueba el modelo para su liquidación.
Isabel Díaz Ayuso este miércoles en la presentación de una ambulancia blindada para Ucrania. | CAM

La Comunidad de Madrid presenta nuevas acciones judiciales contra el llamado impuesto de Solidaridad del Gobierno central al considerar que invade las competencias de las autonomías en materia fiscal y financiera.

Así, el Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles el informe por el que se da cuenta del recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Hacienda que aprueba el modelo para su liquidación. En ella, se reitera quiénes están obligados a su declaración, así como el lugar, forma, plazos, condiciones y su procedimiento.

"Estaremos a la espera de ese pronunciamiento de los tribunales pero, en todo lo que podamos, vamos a defender los intereses de todos los madrileños porque detrás de este impuesto hay un perjuicio para la región de Madrid y con ello dejamos de atraer inversión, empleo y, por tanto, riqueza", dijo en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional.

Miguel Ángel Martín sostuvo que este impuesto está ideado específicamente para perjudicar a Madrid y Andalucía. "Por eso, nuestro compromiso por seguir dando la batalla para defender los intereses de todos los madrileños, pero también para defender la autonomía fiscal y tributaria que tenemos las comunidades autónomas pero más la de Madrid, que con nuestra receta de seguridad jurídica, de fiscalidad equilibrada e impuestos bajos hemos demostrado que hemos sido capaces de atraer más inversión y de generar más riqueza para todos los madrileños y más empleo que es el principal objetivo que tendríamos que tener en este momento".

Esta es la segunda iniciativa que emprende el Ejecutivo madrileño contra un nuevo impuesto estatal que ya recurrió en marzo pasado ante el Tribunal Constitucional, por lo que se considera necesaria la impugnación de todas las disposiciones normativas que deriven de su entrada en vigor.

En coherencia con ello, este 12 de septiembre se iniciaron nuevas actuaciones ante la sala de lo Contencioso–Administrativo de la Audiencia Nacional contra la orden ministerial. Para el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso, tanto el procedimiento para aprobar el impuesto como la naturaleza del mismo vulnera varios principios recogidos en la Constitución.

Así, señala la Comunidad de Madrid en una nota de prensa, supone un atentado contra la autonomía regional para la gestión de los tributos cedidos, como es el caso de Patrimonio que en la Comunidad de Madrid está bonificado al 100% desde 2008. Además, su tramitación se llevó a cabo a través de una enmienda en un proyecto de Ley que no estaba relacionado, obviando el desarrollo parlamentario ordinario, sin someterse a consulta pública y sin contar con memoria económica ni dictamen del Consejo de Estado.

Su aplicación tuvo efectos retroactivos para todo 2022, a pesar de que entró en vigor el 29 de diciembre de ese año. "Esto supone un grave perjuicio para los ciudadanos que no contaban con soportar esta carga fiscal en ese ejercicio, vulnerando el principio de seguridad jurídica".

Un "gravamen fiscal confiscatorio"

Asimismo, "atenta" contra los principios de capacidad económica y confiscatoriedad recogidos en el artículo 31.1 de la Constitución, que señalan que "se contribuirá al sostenimiento de los gastos públicos en función a la capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".

Sin embargo, "se trata de una tasa definida como temporal, inicialmente exigible para dos años, período para el cual se han determinado unos tipos imponibles que son estimativos y presuponen una manifestación de riqueza ficticia, sin tener en cuenta los recursos del contribuyente".

Junto a ello, el Gobierno regional considera que no se ha justificado la creación del gravamen al no existir una necesidad recaudatoria real, ya que se ha alcanzado cifra récord en estos momentos debida a la coyuntura económica y a la desmesurada presión fiscal que práctica la política Gobierno de España sobre los impuestos. De esta manera, se ha ignorado lo recogido en la Constitución en cuanto a la arbitrariedad de los poderes públicos.

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