Dos plenos se celebraron de forma paralela este jueves en Madrid. Uno en la Carrera de San Jerónimo y otro en la Avenida de Pablo Neruda, en Vallecas. Mientras el primero de ellos certificaba la defunción del español como lengua común en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, el segundo planteó otra de las cesiones que Pedro Sánchez está dispuesto a conceder a los independentistas a cambio de su investidura: la amnistía para los procesados por el golpe de 2017 en Cataluña.
Fue el grupo parlamentario de Isabel Díaz Ayuso el que introdujo esta cuestión durante la sesión de control al Gobierno madrileño en la Asamblea. ¿Cómo valora el Ejecutivo las consecuencias que para los madrileños tendrá la amnistía?, preguntó a la presidenta el portavoz de los populares, Carlos Díaz Pache.
"Nos preocupa sobremanera la imagen que está dando España al mundo y esto afecta de forma directa a la Comunidad de Madrid: a nuestras inversiones, a la capacidad de atraer negocios, empleo y oportunidades", contestó Ayuso.
La jefa del Ejecutivo regional expuso que el independentismo en España y el nacionalismo, que "tiene tintes xenófobos", se han comportado como una auténtica maquinaria de "corrupción", "haciendo tanto daño". Todo ello lo han hecho "a través de los sobornos" a lo largo de los años.
"¿Y quién lo paga?", preguntó Ayuso. "Todos los españoles, los extremeños que no tienen trenes, los ciudadanos del campo que ven cómo se van los jóvenes y se acaban las oportunidades. Tantas zonas de España despobladas, mirando de brazos cruzados cómo unos señores - que han creado una corruptela durante décadas, minando la convivencia de todos- dicen que les tiene que dar ahora más dinero", denunció. "¿Más dinero de qué y por qué? ¿Y quién lo va a pagar? ¿Otra vez Madrid? ¿Otra vez el esfuerzo de todos los madrileños?", inquirió también la presidenta después de que este miércoles Junts cifrara el precio de su chantaje al Estado en 450.000 millones.
Las palabras de Isabel Díaz Ayuso llegaban tan sólo unas horas después de que el presidente del Gobierno dejara traslucir al fin sus intenciones. Pedro Sánchez – en un nuevo giro de 180 grados con respecto a la posición que mantenía hace cuatro años, cuando se comprometió en campaña a traer de vuelta a Carles Puigdemont para que éste fuera juzgado- rechazó este miércoles desde Naciones Unidas que el prófugo deba rendir cuentas ante la Justicia: "Una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial".
Así, Ayuso, que denunció que Sánchez "antes de nada" se ponga de "rodillas" y diga abiertamente "que va a tragar con todo lo que le propongan los nacionalistas", preguntó escandalizada : "¿Pero habrá unas líneas rojas, habrá dignidad en España?". Si este presidente "no la tiene, por favor que no nos lleve a los demás por medio", pidió.
La presidenta madrileña concluyó su intervención llamando a la movilización ciudadana. "Espero que haya una respuesta masiva ante tanta ignominia en las calles de Madrid, de Barcelona y de toda España. España no se merece esto".
El Gobierno pone a España de rodillas ante la corrupción independentista y traga con todo.
Espero y deseo una respuesta masiva en las calles de toda España. pic.twitter.com/ZmhxE8iU3R
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 21, 2023
"Dejémonos de causitas y de matices"
Durante las preguntas a la presidenta la situación nacional sobrevoló el hemiciclo. Fue la propia Ayuso la que decidió no perder el foco de lo que está sucediendo en España. Rocío Monasterio le instó a derogar las leyes que vulneran la presunción de inocencia o invierten la carga de la prueba, como la ley Trans. Ayuso le contestó lo que le viene contestando desde la pasada legislatura: la modificará pero no la derogará. Eso sí, lanzó varios recados a la portavoz de Vox, entre ellos que hay que dejarse "de causitas y de matices" y estar "a lo realmente importante. La situación nacional no puede ser más complicada, tremenda. Estemos a la altura". Venía a colación de las quejas reiteradas de los de Santiago Abascal en la Asamblea sobre el comportamiento del PP en la Mesa, aplicando, según ellos, el "rodillo" de la mayoría absoluta. Ayuso negó la mayor.
El socialista se interesó por el abandono escolar temprano en la Comunidad de Madrid. "Céntrese más en eso en vez de en mover la silla a Feijóo el próximo domingo", le espetó Juan Lobato, que también añadió que "lo que va a definir lo que seremos en diez, quince años no son sus numeritos de cada día para el Twitter o para el Tiktok, es la educación que demos a los niños". La presidenta madrileña no dejó pasar estos comentarios: "Yo a lo mejor le tendría que pedir que fuera un poco más respetuoso conmigo y deje de hablar de los numeritos y cosas así, pero si no le tiene respeto ni a Nicolás Redondo qué le puedo pedir".
Por su parte, la jefa de la oposición, Mónica García, le atacó con la vivienda y las ayudas al alquiler para los jóvenes. En su réplica Ayuso anunció que la Comunidad duplicará hasta los 9 millones el presupuesto destinado a las ayudas de alquiler para jóvenes. "Escuchen, sean educados y escuchen la discrepancia política que para eso estamos en un Parlamento y se lo estoy diciendo en español", pidió la presidenta a los de Más Madrid en un momento de su intervención.
Ayudas al alquiler
La medida anunciada por la jefa del Ejecutivo madrileño se trata de una ayuda directa al alquiler. La cuantía será del 50% de la renta o precio mensual que deba satisfacer la persona beneficiaria por el alquiler o uso de su vivienda o habitación habitual y permanente.
En el supuesto de ser beneficiario del Bono Alquiler Joven, la cuantía de la ayuda será de hasta el 40% de la diferencia entre la renta o precio mensual que deba satisfacer la persona beneficiaria por el alquiler o cesión de su vivienda o habitación habitual y permanente y la cuantía de 250 euros mensuales correspondientes al Bono Alquiler Joven.
En todo caso, la suma de la ayuda del Bono Alquiler Joven y de la ayuda al alquiler o cesión regulada en el Programa de ayuda a las personas jóvenes, no podrá ser superior al 75 % del importe de la renta o precio de la vivienda o habitación.
Los beneficiarios son personas físicas mayores de edad hasta 35 años que sean titulares o están en condiciones de suscribir un contrato de arrendamiento cuya renta sea igual o inferior a 600 euros mensuales (salvo en 29 municipios de la Comunidad, donde puede llegar hasta los 900 euros). También unidades de convivencia cuyos arrendatarios tengan menos de 35 años en el momento de la solicitud, incluyendo la edad de 35 años. Los restantes miembros de la unidad deberán ser también menores 35 años.