Fue uno de los compromisos de Isabel Díaz Ayuso y así lo volvió a reiterar en el discurso que pronunció durante el debate de investidura de la Asamblea de Madrid en el mes de junio. Este viernes el grupo parlamentario del PP presentó dos proposiciones de ley para modificar la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la Ley la Ley 3/2016 de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.
"El objetivo es dar mayor claridad y seguridad jurídica, así como eliminar algunos aspectos como la inversión de la carga de prueba sin menoscabo de continuar con la garantía y protección de los derechos de las personas trans y LGTBI", explican fuentes parlamentarias de los populates.
La tramitación de ambas proposiciones será por el procedimiento de urgencia. Motivan dicha urgencia "en la necesidad de adaptar la actual ley a la normativa estatal, corregir determinados aspectos de la misma y garantizar la igualdad efectiva ante la ley de todos los ciudadanos".
"La nueva ley estatal de 2023; el paso del tiempo; el debate público; la preocupación de los padres, de los profesionales médicos y educativos, y de las asociaciones feministas; y la necesidad de otorgar una mayor seguridad jurídica a los textos legales, sin menoscabo de la protección y defensa de los derechos de las personas LGTBi, hacían necesaria la reforma de ambas leyes, para que esa protección fuera realmente efectiva", señalan las fuentes consultadas por Libertad Digital.
Estas sostienen que "la mejor forma de conseguirlo es mediante la calidad legislativa y el respeto escrupuloso de la Constitución - hoy, más que nunca- y llevar a cabo la igualdad efectiva ante la ley del artículo 14". Así las cosas, la modificación de ambas leyes "sigue las recomendaciones" de las sociedades médicas, de los grupos feministas, y de juristas que "reclamaban rectificar" aspectos que "ponían en peligro" la seguridad jurídica, los derechos de las mujeres, el derecho a la salud y el trabajo de los profesionales sanitarios, la libertad de expresión y de cátedra, la presunción de inocencia, la pluralidad dentro de las personas LGTBI, y la protección de la infancia, explican.
De esta manera, "para garantizar la seguridad jurídica y la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva (art. 24 CE)" se suprimen la inversión de la carga de la prueba o la ‘discriminación por error’, se cuestiona la ‘autodeterminación de género’, y se "descriminaliza" la asistencia de especialistas de salud mental, "a la que todo el mundo tiene derecho, especialmente los menores", señalan.
Asimismo, para "garantizar" la libertad de expresión y la libertad de cátedra (del art. 20 de la CE), se suprimen los artículos que "censuraban" libros, "imponían" contenidos y ponentes de los cursos, que ahora se profesionalizan (médicos, enfermeras, profesores), y se suprimen los artículos que busquen la "ingeniería social", o "imponer" una sola forma de pensar asociada a las personas LGTBI, que son plurales y libres; o la "imposición" a los medios de comunicación de lo que tienen que decir.
En el ámbito educativo, se "refuerzan las medidas para evitar la discriminación" de las personas transexuales. Se "garantizará" el respeto y la "protección del derecho a la igualdad" de los alumnos, el personal docente y cualquier persona transexual que preste servicios en el ámbito escolar. Se recupera el protagonismo de los profesores y de los especialistas y profesionales, siempre ateniéndose al respeto a las familias, a la libertad educativa (artículo 27 de la Constitución), a los currículos oficiales, el rigor científico, y al bien del menor como valor superior.
Con la reforma de estas leyes, afirman, se refuerza la necesidad del acompañamiento de los profesionales expertos en transexualidad, especialmente en los casos de menores. "Se trata de evitar identificar erróneamente como un problema de cambio de sexo en niños y adolescentes otras situaciones –por ejemplo, falta de madurez, problemas de adolescencia, modas, etc.– que nada tienen que ver".
También, se "garantiza" el acceso efectivo en todo el proceso a la atención y al asesoramiento médico. Y se "garantiza" que los procedimientos farmacológicos sean los más adecuados según la ciencia médica. Para todos los tratamientos a menores (bloqueo hormonal y hormonación cruzada), "será requisito indispensable" que previamente reciban un diagnóstico adecuado; el apoyo psicológico se mantendrá durante todo el proceso. Y "en ningún caso" se realizarán cirugías a menores de edad; cuando proceda llevarlas a cabo después de alcanzada la mayoría de edad, estas cirugías serán responsabilidad de las Unidades y Centros de atención especializados.
La modificación prevé suprimir las referencias a la modificación del sexo en los archivos y documentos personales que son competencia de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de que en esta materia prevalece lo establecido en la reciente ley nacional. "Se da así más seguridad jurídica al no solaparse dos documentaciones dispares", explican.
Y en el ámbito deportivo, se promueve la participación de las personas transexuales, sin menoscabo de los derechos de los demás participantes, y en especial del deporte femenino en todas sus categorías, "velando por la seguridad y la libertad de las mujeres, especialmente de las menores, en todas las instalaciones y en todos los momentos de la práctica deportiva".
"No se lo vamos a permitir"
La presidenta madrileña nunca habló de derogar la norma como le exigían los de Santiago Abascal durante la pasada legislatura. Los de Rocío Monasterio hicieron de este asunto su principal punto de fricción y de batalla al Ejecutivo regional. En contra también tendrá a la izquierda.
El exdiputado de Más Madrid y ahora portavoz adjunto de la formación liderada por Rita Maestre en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo Rubiño, ha salido a manifestar su enfado. En un comentario publicado en X, antes Twitter, Rubiño habla de "derogación" de la ley aunque el documento registrado por los populares en la Cámara autonómica, y que él mismo adjunta, deja claro que se trata de una "modificación".
"Ayuso acaba de registrar en la Asamblea de Madrid la derogación de ley LGTBI y de la ley Trans de la Comunidad de Madrid. La agenda de Vox la hace el PP. Primer retroceso legislativo en esta materia de la historia de la democracia. Por procedimiento de urgencia", afirma.
Su denuncia ha sido escuchada por la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Pedro Sánchez y líder de Sumar. "El 23 de Julio la comunidad LGTBI se movilizó por sus derechos. Es nuestro compromiso defenderla. Habrá un Pacto de Estado a favor de los derechos y libertades LGTBI en toda España", señala Yolanda Díaz.
El 23 de Julio la comunidad LGTBI se movilizó por sus derechos. Es nuestro compromiso defenderla.
Habrá un Pacto de Estado a favor de los derechos y libertades LGTBI en toda España. https://t.co/XEReix383u
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) November 10, 2023
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea y posible ministra de Sanidad, Mónica García, lo explica así en la misma red social: "Ayuso acaba de registrar una reforma de la Ley Trans que supone su derogación camuflada. Es el primer retroceso en derechos LGTBI en décadas, que vuelve a patologizar y poner en la diana a las personas trans. No lo vamos a permitir".
También el portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha salido al paso pidiendo a la presidenta que retire estas proposiciones de ley. "Madrid es una región abierta, diversa y acogedora con las personas LGTBI. Recortar sus derechos nunca puede ser una opción en democracia. Pido a la presidenta que retire la modificación de las leyes que ha registrado hoy".
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