Tras las numerosas críticas por parte de oncólogos y pacientes, y después de que Isabel Díaz Ayuso haya anunciado que recurrirá a Europa el "opaco y arbitrario" reparto de los centros de referencia de cáncer, Mónica García trata de desmarcarse de la polémica, delegando cualquier responsabilidad en la Subdirección de Calidad del Ministerio, pero justificando en último término la decisión adoptada.
Los primeros en dar la voz de alarma fueron los jefes de Oncología de 30 hospitales de referencia, que el pasado 15 de enero remitieron un escrito a Sanidad en el que denunciaban la falta de rigor y transparencia del proceso de selección. "La carta de los oncólogos no iba dirigida a la ministra, sino a la subdirectora de Calidad", responden desde el departamento de prensa de Mónica García, echando balones fuera.
Según ha trascendido en los últimos días, de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid únicamente habría sido elegido La Paz. El resto de centros de referencia serían el Valle de Hebrón de Barcelona, el Hospital de Navarra, el Clínico Universitario de Santiago de Compostela, el Clínico Universitario de Salamanca, el Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, el Regional de Málaga, el Universitario Marqués de Valdecilla de Santander y un hospital de San Sebastián.
¿Dónde está la equidad?
Desde el departamento que dirige Mónica García explican a LD que "es importante que la selección de centros abarque todo el territorio en aras de fortalecer la equidad de la atención al cáncer". Sin embargo, la excusa cae por su propio peso, puesto que sigue habiendo comunidades que no tendrán ningún centro en su territorio: Baleares, Canarias, Asturias, Aragón, Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha. Pero incluso aunque así fuera, la decisión sigue sin convencer a los principales afectados, que insisten "en la importancia de que prevalezcan parámetros científicos objetivos por encima de otro tipo de consideraciones políticas".
En este sentido, oncólogos y pacientes coinciden a la hora de apuntar que ese concepto de "equidad" al que apela el Ministerio de Sanidad no consiste en que una persona tenga cerca, geográficamente, un hospital que arbitrariamente sea considerado de referencia, sino en que cualquier ciudadano, viva donde viva, tenga acceso al mejor tratamiento posible en el lugar más preparado.
"El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac) considera que deben primar los criterios médicos, así como la calidad y la excelencia, por encima de cualquier otro tipo de parámetros en la selección de los futuros centros de referencia en la atención integral del cáncer en España, debido al impacto que puede suponer en la atención al paciente oncológico", reza el comunicado hecho público por esta organización.
El porqué de las sospechas
La elección de estos centros de referencia ha suscitado numerosas dudas desde el primer momento. El pasado 22 noviembre, Sanidad comunicaba a los principales hospitales públicos la puesta en marcha de un proceso de selección en aras de cumplir el Plan Europeo contra el cáncer, que pide que, en 2030, estos centros sean los que traten al 90% de los pacientes con cáncer en el territorio nacional.
Los jefes de servicio se sorprendían entonces del apretado plazo del que disponían para presentar las solicitudes (apenas cinco días) y de que la entidad beneficiaria única del presupuesto de 90 millones de euros para poner en marcha esta red y responsable de seleccionar a los centros que formarán parte de ella fuera el Instituto Catalán de Oncología (ICO), que ni siquiera detallaba de manera objetiva en qué basaba su decisión.
"La ausencia de criterios de selección públicamente conocidos genera incertidumbre y desconfianza en el proceso. La no publicación en la resolución de la puntuación obtenida dificulta la comprensión de los resultados", se quejaban entonces los oncólogos, que denunciaban, además, la rapidez y la falta de profesionalidad con la que se zanjó un proceso de selección que apenas duró 24 horas: "La ejecución en un solo día suscita serias dudas sobre la exhaustividad y objetividad del mismo. La ausencia de un proceso de evaluación externa para evitar los conflictos de interés resulta inaceptable".
Por si esto fuera poco, desde la Comunidad de Madrid advierten de que "si el programa fija entre sus objetivos que los centros sean capaces de atender al 90% de la población de cada país, no es posible cumplir con los criterios, ya que tan solo la sanidad pública madrileña atiende entre el 35 y el 40% de toda la población con cáncer de España".