El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha acusado este martes a última hora de la tarde a dos periodistas de elDiario de tratar de acceder a la casa de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Según fuentes del entorno más próximo a Ayuso, estos redactores iban "encapuchados" y "han intentado entrar por la fuerza".
El portero del edificio "les dio el alto". Ambos "le dijeron que eran de elDiario.es", según estas fuentes, que anuncian que se interpondrá "una denuncia" ante la Policía Nacional. Además, también informan de que dos periodistas de El País "han estado acosando" a los vecinos de la jefa del Ejecutivo regional, algo que califican de "habitual" en las dictaduras pero no en las democracias. "Nunca se ha visto este amedrentamiento", señalan toda vez que lamentan que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, "no quiera poner vigilancia permanente 24 horas en la casa de la presidenta, lo que supone una anomalía", algo que el aludido ha negado en redes sociales. "Indignado con la desinformación de ciertos medios sobre la protección de Díaz Ayuso. Si las mentiras que publican ya son graves, la irresponsabilidad de dar detalles sobre la seguridad de una autoridad todavía lo es más. Les dan igual los desmentidos, les da igual todo".
Indignado con la desinformación de ciertos medios sobre la protección de @IdiazAyuso.
Si las mentiras que publican ya son graves, la irresponsabilidad de dar detalles sobre la seguridad de una autoridad todavía lo es más.
Les dan igual los desmentidos, les da igual todo.
— Fran Martín Aguirre (@franmartagui) March 19, 2024
El secretario general del PP de Madrid, por su parte, lo ha denunciado en estos términos en redes sociales. "Periodistas acosando a vecinos, niños incluidos. Periodistas tapados tratando de colarse en casas ajenas. Está pasando. Contra Ayuso todo vale". Alfonso Serrano ha añadido irónico sobre la polémica con el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, aunque sin nombrarlo: "Pero oye, la salud de la democracia y la libertad de expresión está en una bronca de WhatsApp".
Periodistas acosando a vecinos, niños incluidos. Periodistas tapados tratando de colarse en casas ajenas. Está pasando. Contra Ayuso todo vale.
— Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) March 19, 2024
Pero oye, la salud de la democracia y la libertad de expresión está en una bronca de WhatsApp.
El director de elDiario, Ignacio Escolar, ha tachado de falso lo que denuncia el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el número dos de la presidenta, y ha aludido también a la polémica con Rodríguez: "Ni tenemos periodistas encapuchados, ni violentos, ni hemos intentado colarnos en la casa de la presidenta de Madrid. ¿A este tipo de mentiras se referían con lo de ‘triturarnos’?".
La denuncia del Ejecutivo madrileño se conoce el mismo día en que el Gobierno ha decidido no ocultar su guerra declarada a Isabel Díaz Ayuso hasta tal punto que, aprovechando una pregunta sobre alquileres en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, cargó contra ella por el presunto fraude fiscal de su pareja.
También Óscar Puente y María Jesús Montero desde el Senado. El primero acusó a la presidenta de ser "partícipe a título lucrativo del delito cometido por su pareja". La segunda exigió su dimisión por "mentir". Antes Patxi López desde el Congreso también había arremetido duramente por este asunto.
"Hoy el Gobierno ha salido cada 45 minutos a hacer declaraciones de todo tipo contra la presidenta; sus periodistas la acosan en casa: estamos ante un problema real de dictadura", lamentan fuentes cercanas a Díaz Ayuso, que avisan que esto no hará mella en la jefa del Ejecutivo madrileño. "Ella seguirá al pie de la batalla. No la asustan".
Todo esto se produce tan sólo un día después de que estallara un conflicto institucional de primer orden entre el colegio de abogados con mayor peso en España y la Fiscalía General del Estado, dirigida por Álvaro García Ortiz. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) anunció este lunes que presentará una denuncia contra la Fiscalía por revelar datos "confidenciales" de las conversaciones entre el abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y el fiscal que lo investiga por presunto fraude fiscal, Julián Salto.
El decano del Colegio, Eugenio Ribón, explicó que el "derecho de defensa es sagrado", una "pieza básica del Estado de derecho" y, con esta filtración, la Fiscalía ha vulnerado el "derecho a la confidencialidad" y ha puesto en riesgo su "neutralidad". Hasta tal punto esto es un hecho grave e insólito que anunció, asimismo, que hasta que no se establezcan mecanismos reforzados de confidencialidad, se desvincula del Protocolo de Conformidades, que se suscribe entre el Ministerio Público y la Abogacía, instando a "una revisión del actual protocolo dada su inadecuación" conforme a lo sucedido al considerar que "el secreto de sus comunicaciones no parece estar garantizado".
Por esta nota difundida por la Fiscalía de Madrid —que no tenía el sello de la Fiscalía Superior, algo inusual cuando se envía desde su gabinete de prensa— se interpondrá esta denuncia al haberse podido cometer un delito tipificado en el artículo 417 del Código Penal: "La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años".
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