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Madrid

Negativa total de Igualdad a modificar la Ley Trans pese a detectar Madrid "fisuras" por las que se cuelan agresores

El Gobierno de Ayuso ya ha detectado que al menos seis agresores se han hecho trans para sortear la Ley de Violencia de Género.

El Gobierno de Ayuso ya ha detectado que al menos seis agresores se han hecho trans para sortear la Ley de Violencia de Género.
La consejera Ana Dávila en la Asamblea. | Europa Press

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se negó este jueves en redondo a atender las reclamaciones que la Comunidad de Madrid le ha realizado en relación con la Ley Trans. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos sociales, Ana Dávila, le pidió el pasado mes de marzo una reunión bilateral para poder exponerle la preocupación del Gobierno Isabel Díaz Ayuso por las fisuras que está suponiendo en el sistema de protección a víctimas de violencia de género la Ley Trans nacional.

Y es que la Ejecutivo regional tuvo constancia entonces de que al menos seis agresores se han cambiado de sexo e incluso están pidiendo ser atendidos en los mismos puntos municipales a los que acuden sus víctimas, una circunstancia que "pone en peligro tanto a las víctimas como a los profesionales" y, por tanto, al mismo sistema de protección.

En estos casos, le expuso este jueves Dávila a la ministra, las trabajadoras de la red no tienen elementos objetivos para identificar cuándo hay fraude de ley o no en personas autodeclaradas trans, igual que les sucede a los funcionarios de los registros civiles.

Pero la consejera abandonó la reunión "desalentada" ante la "total negativa" de Redondo a la petición del Gobierno madrileño para modificar un artículo de la Ley Trans nacional que evite estas situaciones que la Comunidad de Madrid ya ha detectado que se están dando. "Ese que son pocos casos", fue la respuesta que, según Dávila, le dio la ministra. "Nosotros le hemos trasladado que aunque fuese una única víctima sufriendo sería razón indispensable ya para modificar la ley, que resolvería que otras víctimas también sufriesen situaciones similares".

Lo que propone Madrid es que la norma estatal incorpore esta situación de "fraude de ley" que, a juicio de Dávila, existe, con criterios para poder abordarlo. "No podemos abordar la apariencia física, no podemos abordar informes técnicos de ningún tipo, porque así lo dice la ley, y necesitamos que el Ministerio nos apoye en esa posibilidad de definir cómo podemos decirles a los técnicos, a los funcionarios, a las personas que atienden a las mujeres víctimas, que esto puede ser un fraude", indicó la consejera a su salida del encuentro, celebrado este jueves en la sede del Ministerio.

Tampoco la ministra ha aceptado su oferta para "la intervención de algún organismo independiente que haga un análisis de la información de lo que pueda estar sucediendo en otras comunidades autónomas".

Ana Dávila subrayó el "profundo malestar" que esta situación está generando "entre las profesionales que atienden a las víctimas" y señaló que pese al ambiente "cordial" que ha presidido la reunión, confiaba en lograr "soluciones efectivas" para "seguir protegiendo a las víctimas", cosa que no ha conseguido. "Imagínense que un agresor, un presunto agresor, cambia de sexo y solicita ingresar en la residencia en la que está su víctima, como nos hemos encontrado en alguna ocasión en la Comunidad de Madrid. Tal y como está redactada ahora la norma, tiene todo el derecho a ser atendido como víctima, si se manifiesta como víctima siendo ya una mujer", ejemplificó Ana Dávila, quien cree que esta situación "desprotege totalmente a las víctimas y vulnera también el principio de igualdad de las mujeres".

Así las cosas, la ministra se ha limitado a enviar a los registros civiles un documento explicativo de la ley trans en el que advierte de que quien solicite el cambio registral del sexo de mala fe e incurra en un fraude "tendrá que responder ante la ley". En el citado documento, se destaca en letras mayúsculas que "los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe" y se añade que "es importante recordar que quien actúe en fraude de ley para acceder a beneficios que no le corresponden, tendrá que responder ante la ley". También se indica que quien cambie de sexo estando condenado por violencia de género no eludirá dicha condena.

Pero Redondo incidió ante la prensa después de su encuentro con la consejera en que la ley "en el 99,9 % de los casos" se utiliza bien y es "una muy buena" norma que ha permitido que "5.156 personas hayan transicionado en absoluta libertad". En todas las leyes "siempre hay algún abuso o algún fraude", pero es "mínimo, es puntual" y no se producen modificaciones legales, argumentó.

Esta misma semana se conoció que la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) había presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo contra responsables de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por una supuesta discriminación a una mujer trans a la que se habría negado la asistencia como víctima de violencia de género por haber sido, a su vez, un presunto agresor antes de su cambio de sexo.

La Ley Trans de Madrid

En el encuentro también se abordó la Ley Trans autonómica, que el Defensor del Pueblo recurrió ante el Tribunal Constitucional. Dávila defendió el interés del Gobierno regional por garantizar que "en base a los criterios médicos y científicos", todo menor que manifieste que desea cambiar de sexo "sea acompañado por un equipo multidisciplinar en el que también hay un acompañamiento psicológico".

En este sentido, la consejera aseguró que la propia ministra "ha reconocido que en todas las circunstancias de cambio de sexo hay un profundo sufrimiento tanto de los menores como de sus padres", ante lo que Madrid defiende la intervención de "un profesional especializado".

En cualquier caso, al consejera de Familia se mostró "decepcionada" con el rechazo también de la ministra "al acompañamiento" y defendió el criterio "de las sociedades científicas" que comparte la Comunidad de Madrid.

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