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Madrid

El Gobierno de Ayuso recibe a Itziar, la madre soltera con 3 hijos que denunció en LD su ruina por sus inquiokupas

La Comunidad de Madrid insta al Gobierno de Pedro Sánchez a defender a los legítimos propietarios del problema de la ocupación ilegal de viviendas.

La Comunidad de Madrid insta al Gobierno de Pedro Sánchez a defender a los legítimos propietarios del problema de la ocupación ilegal de viviendas.
Itziar y sus tres hijos | LM

Los consejeros de Vivienda, Transportes e Infraestructuras (Jorge Rodrigo) y de Medio Ambiente, Agricultura e Interior (Carlos Novillo) se reunieron este jueves con la con la Plataforma de Afectados por la Ocupación.

Durante la misma, los representantes del Ejecutivo autonómico conocieron el testimonio de Itziar, la madre soltera con tres hijos de 7, 15 y 18 años y que contó en Libertad Digital su calvario personal: mientras mantiene a sus inquiokupas -una familia marroquí "con empresas" y que, tal y como ella comprobó en su día", "era perfectamente solvente"-, ella no tiene más remedio que vivir en casa de sus padres, dos jubilados a los que esta situación también les está afectando seriamente.

El titular de Vivienda recordó a los afectados que "siempre tendrán a la Comunidad de Madrid de su lado porque la ocupación es un delito y como tal se debe combatir", y señaló que "la Administración autonómica es una víctima más porque sufre esta problemática en distintos pisos propiedad de la Agencia de Vivienda Social".

"Pese a que la AVS cuenta con un sistema de protección y alarma que detecta cualquier intento de ocupación, la normativa actual ampara a los ocupas y nos obliga a iniciar expedientes que se alargan demasiado", ha añadido Rodrigo, al mismo tiempo que ha insistido en "la necesidad de que el Gobierno Estatal actúe cuanto antes contra esta lacra que cada día se cobra más víctimas en España y piense especialmente en los propietarios que han invertido todos los ahorros de una vida en esas viviendas y ahora sufren la impotencia de no poder acceder a ellas". Así las cosas, desde la Comunidad de Madrid instan al Gobierno de Pedro Sánchez a defender a los legítimos propietarios del problema de la ocupación ilegal de viviendas.

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Por su parte, el consejero Novillo trasladó toda la información relacionada con el servicio 112 Ocupación de la Comunidad de Madrid, que está integrado en el Centro de Coordinación Municipal (CECOM), dentro de la sede del 112, desde donde facilita el trabajo de las distintas fuerzas policiales que operan en la región, así como su cooperación con los efectivos de emergencias.

"Su utilidad radica en que ofrece una respuesta inmediata a los perjudicados por este delito contra la propiedad privada y unifica en una sola llamada todos los recursos de la Administración autonómica - servicios sociales, actuaciones judiciales y policiales-", apuntó el responsable de Interior.

El Gobierno regional impulsó este servicio en junio de 2022 y hasta la fecha ha tenido un total de 3.106 llamadas. Desde entonces, 185 ciudadanos madrileños han sido atendidos por este servicio alertando de una ocupación en curso de su propiedad privada y 324 han solicitado ayuda porque el inquilino se había quedado en el domicilio sin pagar el alquiler. Además, en 34 ocasiones los profesionales han podido evitar la ocupación de una vivienda o desalojar la misma, tras recibir una llamada al teléfono del 112 Ocupación e iniciar el procedimiento.

Las víctimas, agradecidas

La Plataforma de Afectados por la Ocupación, por su parte, se ha mostrado muy satisfecha con el encuentro mantenido este jueves. "Vimos una actitud muy empática y salimos con muy buenas sensaciones", asegura su portavoz, Ricardo Bravo. Lo mismo asegura la propia Itziar, que agradece el tiempo y la atención que le brindaron. "Estuvimos hablando unas cuantas horas, escucharon todo lo que quisimos decirles y hay muchas cosas que no puden hacer porque no depende de ellos, pero hay otras que sí", dice aliviada.

"Se han comprometido a hablar con el ayuntamiento de Alcobendas para intentar mediar en su caso y van a revisar las compensaciones que se deberían pagar a los propietarios a los que se obliga a mantener a sus okupas y que no se están pagando ni en Madrid ni en otras tantas comunidades", denuncia Bravo que, en todo caso, insiste en que este no su principal objetivo, ya que dichas compensaciones pueden terminar entendiéndose como "una forma de legitimar la expropiación encubierta" cuando ellos lo que quieren es recuperar sus viviendas.

Sea como fuere, agradecen la actitud del Gobierno regional que, a diferencia de otros, les ha mostrado su firme intención de visibilizar el grave problema que supone la inquiokupación para cientos de familias de toda España; un fenómeno que empezó a despegar al calor de la pandemia y del polémico decreto antidesahucios y que, desde entonces, no ha hecho más que crecer.

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