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Madrid

El nuevo abogado general y la Fiscalía dinamitan un acuerdo con el novio de Ayuso para eliminar el delito de falsedad

Fuentes conocedoras del caso consultadas por LD denuncian que "el recién nombrado abogado general del Estado, David Vilas, ha paralizado el acuerdo".

Fuentes conocedoras del caso consultadas por LD denuncian que "el recién nombrado abogado general del Estado, David Vilas, ha paralizado el acuerdo".
Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. | EFE

El nuevo abogado general del Estado, David Vilas, y la Fiscalía han dinamitado un acuerdo alcanzado con el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que contemplaba eliminar el delito de falsedad documental del procedimiento.

Alberto González Amador estaba citado este lunes ante la titular del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, en calidad de investigado por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en relación a un supuesto fraude fiscal que le atribuye la Fiscalía de Madrid. PSOE y Más Madrid, personados como acusación popular, solicitaban a la instructora un aplazamiento de la declaración de González Amador para que se investiguen otros posibles delitos como administración desleal. La juez ha acordado finalmente suspender la vista por una cuestión procesal para dar traslado a las partes.

Fuentes conocedoras del caso consultadas por Libertad Digital denuncian que "el recién nombrado abogado general del Estado, David Vilas, ha paralizado un acuerdo inicial entre la defensa de Alberto González Amador, el abogado del Estado del caso y la Agencia Tributaria que eliminaba el delito de falsedad documental del procedimiento. Todo ello, después de que Hacienda constatara que el novio de la presidenta madrileña no utilizó "sociedades pantalla".

"El papel jugado por la Fiscalía también ha sido fundamental, ya que imponía el pasado viernes un texto que cambia el relato de los hechos, recogiendo el delito de falsedad documental y omitiendo la fecha de julio de 2023 en la que el novio de la presidenta madrileña pagó las cantidades exigidas siguiendo siempre su contabilidad, antes de tener la resolución de la inspección y de saber que esto se judicializaría. Un hecho que demuestra que no había dolo por parte de Alberto González Amador", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD sostiene que "el fiscal del caso Diego Lucas Álvarez manifestó el pasado 20 de mayo a la defensa de González Amador en tono despectivo en referencia al posible acuerdo con el abogado del Estado ‘a ver qué hago porque su cliente está querellado contra nosotros’. Este hecho es insólito porque el fiscal debería ser imparcial. De hecho, se tuvo que retractar de inmediato al percibir sorpresa y estupor en el abogado del novio de Ayuso".

"Posteriormente, el fiscal afirmó que quería incluir al PSOE, personado como acusación popular, en las conversaciones, algo que no era imprescindible para llegar al acuerdo. La defensa de Gonzáles Amador consideró esta idea estéril y poco adecuada, ya que sólo serviría para que filtrasen todo la información. El fiscal respondió entonces, ‘confíe que yo tengo buena relación con el abogado del PSOE’", señalan.

Fuentes próximas a la presidenta madrileña consideran que este movimiento de los socialistas es "una jugarreta zafia para alargar el acuerdo con la Fiscalía" ya que pretenden que se investigue una supuesta "administración desleal de sus empresas". "Jugarreta zafia", inciden, "que deja bien a las claras que estamos ante un asunto político contra Díaz Ayuso, no un problema con la Agencia Tributaria".

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El abogado general del Estado, David Vilas.

La cronología de la negociación

Las mismas fuentes consultadas por este diario relatan que "el lunes 17 de junio, el abogado del Estado que lleva la causa, informó que con el visto bueno de la AEAT, ofrecía un acuerdo en el que retiraba el delito de falsedad documental. La defensa de González Amador, siguiendo lo que afirmó desde el primer momento el fiscal del caso sobre que él se adhería a lo que dijera la Abogacía del Estado, le remitía el acuerdo para que se pronunciase. El martes 18 de junio, el Gobierno nombraba a un nuevo Abogado General del Estado, David Vilas Álvarez".

"Al día siguiente, el nuevo abogado general del Estado se ponía en contacto con el abogado del Estado que llevaba esta causa y le pedía que el jueves 20 de junio acudiese a verle. Es sorprendente que una de las mayores preocupaciones que haya para el abogado general en el panorama actual sea este caso. Dicho jueves, al no tener noticias del fiscal, el abogado de González Amador hablaba telefónicamente con él y este le decía que no había podido ver la propuesta de acuerdo, pero que mañana viernes le contestaba. También ese día el abogado del Estado, que había confirmado que había eliminado el delito de falsedad documental del acuerdo, informaba que tras reunirse con su nuevo jefe, esperaría a ver qué dice el fiscal y por tanto su acuerdo quedaba parado", apuntan.

"Finalmente, el viernes 21 de junio, el fiscal proponía un texto nuevo en el que incluye el delito de falsedad documental y cambiaba el relato de los hechos. Por su parte, el abogado del Estado retiraba su escrito inicial y es el del fiscal el único que planteaban a la defensa", concluyen.

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