La Comunidad de Madrid trabaja ya en un borrador de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia que será presentado a los rectores de los centros tanto públicos como privados dentro de unas semanas. Nace como respuesta a la Ley del Sistema Universitario aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y con vocación de permanencia. "No queremos una ley que se quede obsoleta al poco tiempo de haber sido publicada", subrayan desde la consejería de Educación. Es por ello, que se le dará una perspectiva más amplia, introduciendo en la norma a todas las enseñanzas superiores, incluyendo las deportivas, las artísticas, la FP de grado superior, la ciencia.
Incluirá aspectos novedosos, entre ellos un régimen sancionador específico para las universidades, que amonestará a aquellos centros que no cumplan con unos requisitos mínimos de calidad y también a aquellos que cobijen en sus campus actos vandálicos que alteren el normal funcionamiento de los mismos.
"Estamos definiendo de una manera amplia y genérica un régimen sancionador, lo que buscamos es hacer sanciones de tipo institucional", explicó el consejero Emilio Viciana. "Queremos asegurar que se mantiene el decoro y el respeto a la legalidad en los campus y poder sancionar a las universidades que no cumplen con los requisitos mínimos de titulación, infraestructuras", etc, y poder "garantizar" así "que el nivel de exigencia y de calidad de la universidad madrileña se mantiene en todo momento".
En cuanto a las primeras, se sancionarán aquellas conductas que impliquen, por ejemplo una "ocupación de la vía pública" que impida la libre circulación de vehículos o personas o una "ocupación de espacios universitarios", que imposibilite a los demás estudiantes acceder a los centros, aclaró el consejero madrileño.
Fuentes de la consejería incidieron también en la necesidad de conjugar derechos constitucionales, como la libertad de expresión, manifestación o concentración, con otros como "la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, de enseñanza y que los alumnos puedan acceder libremente a sus facultades". ¿Serían sancionadas aquellas universidades que permitieran, por ejemplo, acampadas como las que se han visto estos días en contra de Israel? "No hay ningún tipo de problema con ellas", explican, "pero si se cortan las vías públicas o se invaden los edificios públicos y se cierran para que no puedan acceder los estudiantes ahí estamos hablando de actuaciones que afectan al orden público, a la libre circulación de vehículos, de personas", añaden.
Y es que desde la consejería recuerdan que "la autonomía universitaria choca con el cumplimiento de la ley, es esencial que se ejerza con pleno respeto a la legalidad", remarcan. Aún no hay una propuesta redactada, aseguran, pero se trabaja con la posibilidad de establecer distintos grados de sanciones, dependiendo de si la infracción es calificada de leve, grave o muy grave e irían desde apercibimientos, llamadas de atención, de carácter administrativo hasta multas económicas.
Distrito único de prácticas y escuelas de negocios
No es el régimen sancionador la única novedad sobre la que se trabaja en esta ley, que se presentaría en la Asamblea a finales de otoño. También se pretende constituir un distrito único de prácticas para asegurar que todos los estudiantes, tanto universitarios como de FP, tengan acceso a éstas. Asimismo, se recogerá por primera vez de forma específica la colaboración público privada. "Y aquí recogemos una regulación de las universidades privadas, e igualmente se recoge por primera vez una regulación de las escuelas de negocios, alago muy demandado en el sector", señalaron estas fuentes.
Lo que se pretende es establecer un sistema específico de colaboración "para que la educación superior sea lo que tiene que ser desde el punto de vista de exigencia y de calidad. Lo que queremos hacer es garantizar la calidad y la excelencia en estas universidades privadas, desde el punto de vista de infraestructuras, titulaciones, docentes, investigación…", apuntaron. Se hace especial énfasis en las universidades a distancia, que hasta ahora no cuentan con esa regulación y plantan "más incertidumbres" en cuanto a su sistema de funcionamiento. "Queremos dar luz y seguridad jurídica a las universidades a distancia".
Asimismo, las escuelas de negocios "ahora mismo se mueven en una cierta indefinición y queremos que tengan una regulación específica que permita configurarlas dentro del espacio de la educación superior", estableciendo "una regulación igualitaria y que mantenga el mismo nivel de exigencia y de calidad".
Sello de Infantil y Primaria sin pantallas
Por otra parte, y en el ámbito de la Educación Infantil y Primaria, los centros que así lo decidan podrán acogerse a un proyecto educativo en el que tendrá especial importancia el uso de libros de texto, la lectura, la escritura. El papel y boli de toda la vida, prescindiendo de tabletas o móviles si así se determina. "De esta manera fomentamos la libertad de elección de las familias para que si lo desean puedan llevar a sus hijos a estos centros de Infantil y Primaria sin pantallas", expuso el consejero.
Aún está por definir el proyecto pero, no obstante, esto podría combinarse con el acceso a internet y el uso de pantallas electrónicas por parte de los profesores para que puedan preparar sus lecciones o, incluso, que los estudiantes puedan valerse de estas pantallas electrónicas para la presentación de algún trabajo que hayan hecho, añaden fuentes de la consejería. "Ese tipo de cuestiones no nos preocupa, nos preocupa más el uso de tabletas o móviles que muchas veces lo que hacen es perjudicar la escritura, la lectura, favorecer el aislamiento y el acceso a redes sociales".
Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.