La Comunidad de Madrid ha decidido dar un giro drástico a su estrategia y, cuando se cumple el quinto aniversario del estallido de la pandemia de covid en nuestro país – concretamente, de la declaración del estado de alarma-, no sólo ha querido reivindicar el trabajo realizado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sino que ha pasado directamente al choque frontal contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Este cambio se produce después de que la izquierda haya intensificado sus ataques a la presidenta madrileña a quien pretende desgastar por las muertes ocurridas en aquellas fechas en las residencias de ancianos. De hecho, RTVE estrena este jueves el documental 7.291, que hace alusión a la cifra de mayores fallecidos en los geriátricos y que Más Madrid llegó a convertir en pancarta para ganar votos en las pasadas elecciones autonómicas. Una cinta que "en los cines ha conseguido la asombrosa cifra de 4.000 espectadores en un año", resaltan desde Sol.
En contraposición, la Comunidad de Madrid ha emitido dos vídeos: una declaración institucional de la presidenta y otro que recopila lo sucedido aquellas semanas, donde se rescatan los pronósticos fallidos del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, o del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se contraponen con las declaraciones y decisiones que desde el Ejecutivo autonómico se fueron tomando. "A ver si RTVE emite también este vídeo sobre la penosa gestión de Sánchez en la pandemia", retan fuentes de Sol.
Ayuso siempre sostuvo que no era partidaria de echarse los muertos en cara entre administraciones y esta postura la ha mantenido a lo largo de estos cinco años. Hasta la semana pasada, cuando al ser reprendida una vez más por el PSOE en la sesión de control de la Asamblea, recordó: "Gobiernan una España en la que murieron 130.000 personas, tápense un poco". Siguiendo con las cifras, desde la Comunidad de Madrid se precisó este miércoles que "el número real de fallecidos en residencias fue de 4.100, y nunca porque no se les ayudara".
"El [número] que agita la izquierda y la ultraizquierda fue un invento del entonces consejero del ramo [Alberto Reyero, de Ciudadanos], que tuvo que ser apartado de sus responsabilidades por ineficaz", señalan. A él acusan directamente de inventarse la existencia de un protocolo que habría impedido el traslado de los mayores de las residencias a los hospitales. "La falsedad nació de él. Nunca hubo protocolos firmados por políticos. Ni discriminación", afirman tajantes.
Asimismo, niegan que la presidenta no haya querido recibir a los familiares de los fallecidos en los geriátricos. "Por más que se empeñen las plataformas políticas de la izquierda, la Comunidad de Madrid no tiene conocimiento de peticiones de las víctimas para ser recibidas". Las familias "deben saber que estamos a su entera disposición".
La Justicia, por su parte, ha dado la razón al Ejecutivo madrileño en más de 60 casos que, sobre esta cuestión, se han llevado a los tribunales. Y, "ante esta sucesión de varapalos se crea un tribunal popular, autoproclamado en Comisión ciudadana por la verdad, dirigido por destacados miembros o simpatizantes de la izquierda", denuncian, toda vez que está compuesto por Fernando Lamata, político y alto cargo sanitario con Gobiernos del PSOE; Eduardo Ranz, antiguo candidato para liderar el PSOE madrileño; José Antonio Martín Pallín, fundador de Izquierda Unida, miembro del PCE; María Victoria Zunzunegui, activista vinculada a Unidas Podemos; Anna Freixas, escritora feminista de izquierdas; Cristina Monge, asesora nombrada por Pedro Sánchez para un grupo de análisis; Fernando Flores, cargo de confianza en ministerios de Gobiernos del PSOE y alto cargo en Gobierno autonómico socialista. Su objetivo – dicen en Sol- es "construir un relato falso ante las continuas sentencias judiciales en contra de sus intereses partidistas".
Asimismo, desde la Comunidad de Madrid recuerdan que en vísperas del estado de alarma en España, crearon una Red de geriatras referentes de hospitales como enlace con las residencias de ancianos. Y "todos los mayores de estos centros que requirieron ingreso fueron trasladados a hospitales; no hubo orden que indicara lo contrario", inciden. De hecho, durante la primera ola, el SUMMA 112 trasladó a los hospitales a 11.200 mayores procedentes de residencias de la región, apuntan. Además, se medicalizaron 232 de estas residencias.
Mientras, el Gobierno central, que admitió que su comité de expertos no existió, pronosticaba en vísperas de la pandemia que "sólo" habría "dos o tres casos", resaltan. "Todo en el Gobierno central era un descontrol". En este sentido, la presidenta madrileña, durante su declaración institucional, reivindicó el papel que jugó Madrid: "Se puso al frente y tomó las riendas de la situación" lo que obligó a "reaccionar" al Gobierno de Sánchez.
Así, la región fue de las primeras en cerrar los colegios, universidades y residencias "con el rechazo frontal" del Ejecutivo central, recordó Ayuso, que puso en valor la compra de 2.000 toneladas de material sanitario de protección a través de un corredor aéreo con Asia que logró abrir con 24 aviones de carga. Madrid también fue pionera en adquirir test de antígenos en España, en crear el Plan Vigía, que permitió analizar la evolución del virus a través del estudio de aguas residuales o en convertir la Feria de Ifema en un hospital en apenas 72 horas y que curó a 4.000 pacientes esas semanas, reivindicó. Después llegaría el Hospital Enfermera Isabel Zendal.
Y así continuó la presidenta unos minutos más, recordando éstas y otras medidas que también se pusieron en marcha de forma precursora en la región y denunciando los bandazos de un noqueado Salvador Illa o las zancadillas del Gobierno de Sánchez, como la declaración de un estado de alarma para Madrid, que más tarde sería declarado inconstitucional.
"Cinco años más tarde lamentamos que haya partidos políticos que, lejos de estar a la altura de este aniversario, pretendan tergiversar todo lo que el pueblo de Madrid vivió unido, y que hagan como que en el resto de España tampoco pasara nada y sin responsabilidad alguna", lanzó Ayuso volviendo a poner el foco en las residencias.
Así las cosas, la presidenta admite que este cambio de estrategia por su parte se debe a la "manipulación constante", a las "campañas de descrédito" y a "la instrumentalización de la tragedia por parte de algunos que deberían responder por su pésima gestión y de sus medidas inconstitucionales". Ayuso concluyó señalando: "Dimos lo mejor de nosotros en esos momentos. Y ahora exigimos responsabilidad, sensatez y respeto: por la verdad, y por los que murieron, y también por sus familias".