Isabel Díaz Ayuso, ha advertido este lunes que su Gobierno continúa con la intención de interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo si el Ejecutivo central no atiende antes del 10 de mayo el requerimiento formal presentado por la CAM hace ya casi un mes para exigir la evaluación económica de la Ley de Eficiencia de la Justicia, de la que denunciaron implica un "cambio radical" en la estructura judicial "sin contar con el propio Poder Judicial, ni con las comunidades".
"Si no se evalúan los costes, estas leyes ideológicas siguen adelante carcomiendo más y más", ha dicho ahora la presidenta durante el acto de presentación de la maqueta de la futura Ciudad de la Justicia, donde ha defendido que los presidentes autonómicos "no somos meros ejecutores de planes del Gobierno" de Pedro Sánchez, del que criticado su "obsesión" por "controlar el Poder Judicial" y actuar de forma unilateral.
Desde su entrada en vigor, la Ley de Eficiencia de la Justicia contó con la oposición del Partido Popular, especialmente por parte de las siete comunidades autónomas gobernadas por el PP con competencias transferidas en materia judicial. De hecho, el desencuentro con el Gobierno central se evidenció especialmente en una Conferencia Sectorial celebrada en Barcelona, cuando los consejeros autonómicos populares plantaron a Félix Bolaños al ver —en palabras del consejero madrileño Miguel Ángel García— que "lo único que aquí se quería era hacer un paripé". El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes respondió entonces calificando el gesto de "gamberrismo político".
🔴 La presidenta @IdiazAyuso anuncia un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Supremo si el Gobierno central sigue sin evaluar el coste de su Ley de Eficiencia de la Justicia.
👉 En el acto de presentación de la nueva Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid. pic.twitter.com/jA4XSb9MVs
— Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) May 5, 2025
De los presidentes autonómicos, Ayuso ha reivindicado que "somos garantes del orden constitucional, de la unidad nacional, del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales de todos los españoles, vivan donde vivan". En cuanto a la reforma judicial, ha denunciado que "disfrazada de palabras mágicas como modernizar o simplificar, hay un nuevo caballo de Troya de la ideología que no cree en la separación de poderes" y ha alertado de que bajo el término eficiencia "se esconde ese sueño de los totalitarios de la justicia popular, la justicia sin jueces, y ninguna de estas amenazas es nueva".
Así, la líder madrileña ha recordado que el pasado 10 de abril su Ejecutivo presentó un requerimiento formal al Gobierno para que "de manera inminente evaluara el coste real de esta Ley de Eficiencia y dote a las comunidades autónomas de la financiación suficiente", como primer paso antes de interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo. García Martín, quien informó de la presentación del documento, ya advirtió de dicha futura vía judicial si el Ministerio de Justicia no respondía en el plazo establecido: tres meses.