La carta del Gobierno de Ayuso que planta a la ministra Morant

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha plantado cara al Gobierno central y ha comunicado por carta a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que la Comunidad de Madrid no participará en la comisión creada por el Ministerio para fijar el aumento del gasto público hasta alcanzar el 1% del PIB en inversión universitaria.

En la misiva, a la que ha tenido acceso este diario, Viciana califica el "objetivo" de "arbitrario e irreal", además de "ajeno por completo a la realidad financiera de las comunidades autónomas y nuestras universidades públicas". En otras palabras, una meta sin base económica, "recogida de forma desiderativa" en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y —a juicio del consejero— imposible de aplicar con realismo.

Para Viciana, lo que el Ministerio ha planteado "solo busca hipotecar de nuevo a las Comunidades Autónomas" porque, según dice, "un porcentaje aleatorio del PIB no aporta información real de las necesidades efectivas de nuestras universidades públicas".

Así, recuerda que el Producto Interior Bruto "no es reflejo de lo que una administración invierte o debe invertir en sus universidades, sus colegios o sus hospitales". Como ya explicó el propio Viciana en el último pleno de la Asamblea, para el Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso lo que mide el compromiso real con la educación superior es el esfuerzo presupuestario.

Y ahí, Viciana presume de datos: la Comunidad destina más del 4% de sus Presupuestos Generales a las universidades públicas, una cifra muy superior a la media nacional. Además, subraya que las universidades madrileñas acogen casi al 20% de los estudiantes de toda España, pese a representar solo el 14% de la población. "Otra realidad que tampoco refleja el PIB", recalca.

En el texto, firmado a 23 de octubre, el consejero reprocha además al Gobierno central que ignore "la deficiente financiación de las Comunidades Autónomas", que limita sus presupuestos, y que solo parezca dispuesto a reformarla "para contentar a separatistas y otros socios sin los cuales no podrían mantenerse en el poder".

Según calcula, alcanzar ese 1% del PIB supondría para Madrid más de 3.000 millones de euros anuales en 2030, lo que equivale a 2.000 millones más que en 2024 y casi 1.000 millones por encima del presupuesto total actual de las seis universidades públicas madrileñas. "Todo ello, sin tener en cuenta la inflación", advierte. Frente a ello, recuerda que la propia MAIN de la LOSU estimaba el coste total para toda España entre 236,6 y 797,2 millones de euros.

El Gobierno regional, escribe para terminar, no será partícipe de la imposición de medidas "puramente ideológicas" por parte del Ejecutivo central, sin cálculo económico ni responsabilidad financiera. "No vamos a contribuir a que el Gobierno central siga imponiendo cargas arbitrarias y mal calculadas, mientras condona deudas a sus socios o negocia condiciones especiales con las comunidades que le interesan electoralmente", concluye Viciana al final de su carta.