Ayuso llevará a los tribunales el plan "xenófobo" de imponer el catalán a los inmigrantes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado este viernes de que llevará a los tribunales el intento "xenófobo e ilegal" de plantear que el catalán sea un requisito para la regularización de inmigrantes.

Así lo ha señalado en sus redes sociales después de que la Generalidad de Cataluña haya presentado una enmienda al proyecto de real decreto de regularización extraordinaria para que el conocimiento del catalán se tenga en cuenta en la primera renovación de la residencia de inmigrantes.

Ante ello, la presidenta ha señalado que la pretensión del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en Cataluña "es ilegal" y ha criticado que una vez más los socialistas "pretenden saltarse la ley para construir un país destrozando a España entera". "La Comunidad de Madrid dará los pasos necesarios en los tribunales contra Sánchez para evitar esta ocurrencia ilegal que además, es xenófoba", ha asegurado.

Fue este jueves cuando el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, anunció que el Ejecutivo de Salvador Illa presentará una enmienda al proyecto de real decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes para que el aprendizaje del catalán se tenga en cuenta en la primera renovación del permiso de residencia. La medida fija un plazo de un año para que las personas regularizadas acrediten que han iniciado su formación lingüística y ERC se atribuyó también la incorporación de esta medida en el futuro texto definitivo.

Ya este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha salido al paso asegurando que el conocimiento de las lenguas oficiales como el catalán no será obligatorio para recibir la autorización inicial de residencia y trabajo otorgada en el marco de la regularización extraordinaria que plantea llevar a cabo.

En este escenario, desde el departamento de dirige Elma Saiz han precisado que el texto del real decreto, que busca dar permiso de residencia y trabajo a todas las personas extranjeras que vivan en España desde antes del pasado 31 de diciembre y puedan demostrar que no tienen antecedentes penales, está aún en tramitación y que debe pasar por diferentes fases, entre ellas la solicitud de varios informes a instituciones como el Foro para la Integración social de los Inmigrantes (FISI) y al Consejo de Estado.