La Comunidad de Madrid avanza en la elaboración de un decreto que establecerá la caducidad de determinadas leyes autonómicas de carácter organizativo y obligará a evaluar el resto cada cuatro años. El Consejo de Gobierno ha recibido este miércoles el informe favorable de la Abogacía General, paso previo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, y la aprobación se prevé para el segundo semestre de 2026.
El decreto afectará a normas que regulan el funcionamiento interno de la Administración, incluyendo estructuras, competencias, órganos, procedimientos y servicios. Entre ellas figuran, por ejemplo, disposiciones sobre órganos colegiados o decretos que establecen el régimen de la Mesa de Diálogo Social. La obligación de realizar una evaluación ex post de cada norma permitirá verificar si las medidas cumplen los objetivos previstos o si requieren ajustes.
La iniciativa incorpora un procedimiento de consulta pública para ciudadanos y empresas, que concluirá con un informe de la Consejería competente. La Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa fijará los criterios para las revisiones y presentará, en el plazo de un año desde la entrada en vigor del decreto, una propuesta para priorizar el silencio administrativo positivo cuando no exista resolución expresa dentro de los plazos.
Caducidad y simplificación normativa
Las disposiciones reglamentarias de carácter organizativo perderán vigencia tras cinco años, salvo que la evaluación ex post determine su mantenimiento. La medida no afectará a los decretos de estructura orgánica. Además, el decreto permitirá un procedimiento abreviado para leyes sencillas que hayan superado todos los controles y consultas, reduciendo sustancialmente los plazos de tramitación dentro de la Administración.
El Ejecutivo regional busca con esta medida un marco normativo actualizado, que elimine cargas burocráticas, modernice procedimientos y proporcione mayor seguridad jurídica a ciudadanos, empresas e inversores. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha destacado que la iniciativa responde a su compromiso de avanzar hacia una Administración más eficiente y orientada al ciudadano, y forma parte del programa electoral de 2023.