La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, retó este lunes a Isabel Díaz Ayuso a denunciar a su propio partido si considera que las propuestas de "prioridad nacional" que recoge el pacto de gobierno en Extremadura son ilegales.
"Tengo un mensaje muy claro para la señora Ayuso: si las propuestas de prioridad nacional en Extremadura son ilegales, la invito a que denuncie al Partido Popular, que es el que ha pactado con Vox estas propuestas".
La presidenta de la Comunidad de Madrid alzó el pasado viernes la voz contra el acuerdo firmado entre los de Santiago Abascal y los populares de María Guardiola; en concreto, contra la introducción de este principio que ella y su partido rechazan cada jueves en la Asamblea.
Precisamente, la semana pasada los populares votaron en contra de una iniciativa de Vox presentada en la Cámara de Vallecas que pretendía revertir las políticas en favor de la natalidad impulsadas por la presidenta madrileña y que han conseguido corregir la tendencia negativa sobre los nacimientos en la región, tal y como sostienen en el Ejecutivo autonómico.
En concreto, Moñino defendió una Proposición No de Ley para eliminar el límite de edad en el acceso a las ayudas, que ahora está fijado en mujeres menores de 30 años para que puedan obtener 500 euros mensuales, y establecer el criterio de "prioridad nacional". Es el mismo concepto que pretenden imponer en la sanidad para que los inmigrantes dejen de ser atendidos en igualdad de condiciones con los españoles.
Ayuso reiteró que ella cree en la "ley y en el orden" y, por tanto, considera que "no puedes dejar a nadie ilegalmente fuera de requisitos para los que tiene derechos". Y remató: "Así que como se va a tener que cumplir la ley —yo pienso que muchos de esos requisitos no son legales— el tiempo lo pondrá todo en su sitio". La presidenta cree que no se puede dejar a nadie al margen de un sistema, como el sanitario, al que ha contribuido. "Se nos ha pedido también a nosotros en Madrid", recordó.
"¿Cómo planea Vox plantear esta prioridad nacional sin infringir los artículos 13 y 14 de la Constitución?", le preguntó la prensa a Moñino en la rueda de prensa que ofreció tras la Junta de Portavoces. El primero regula los derechos y libertades de los extranjeros en España, estableciendo que gozarán de los mismos según lo dispuesto en tratados y leyes y el segundo establece que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
Ante esta pregunta, la portavoz de Vox fue incapaz de explicar qué significa exactamente y cómo se implementaría. La despachó señalando que es tan sencillo "como que Bea y Fran tengan prioridad a la hora de acceder a una vivienda en Madrid y que no la tenga Mohamed".
Le contestó después el portavoz parlamentario del PP, Carlos Díaz-Pache: "A mí lo que me gustaría es tener alguna vez algún tipo de concreción por parte de Vox, que utiliza eslóganes, pero que no explica cuál es el detalle. En esta misma sala de prensa le han preguntado a la señora Moñino qué significaba ese principio de prioridad nacional y cómo se iba a implantar, y no fue capaz de dar una explicación. Solo hizo un ejemplo chusco de que dos personas con nombres españoles deberían poder acceder a una vivienda. Entiendo que para contraponerlos a dos personas que con nombres menos españoles no deberían poder acceder a una vivienda".
En este sentido, Pache explicó que el PP de Ayuso lo que defiende es que "las personas que viven legalmente en Madrid son madrileñas. Nosotros cuando llegamos aquí nunca hablamos de inmigrantes, hablamos de nuevos madrileños, y los nuevos madrileños que viven aquí legalmente, las personas que trabajan, que pagan sus impuestos, que tienen sus deberes, sus obligaciones, y que cumplen con la sociedad, deben tener acceso a los servicios públicos como el resto de las personas".
Para el portavoz popular, lo que realmente sobrecarga los servicios públicos "es cuando se favorece que inmigrantes de manera irregular puedan venir a vivir a Madrid", de lo que responsabilizó al Gobierno central. "Pero las personas que llevan aquí 20 años viviendo, las personas que venimos del resto de España o que venimos de otras partes del mundo a trabajar, a pagar impuestos, pues deberíamos poder acceder a los servicios públicos. Si Vox considera que debe haber ciudadanos de segunda que lo diga".
"Si plantean otro tipo de prioridad nacional, si nos explican qué significa ese sintagma, pues seguramente podremos valorarlo y, en Extremadura, tendremos que ver lo que han pactado y cómo se desarrolla", zanjó.