La Comunidad de Madrid ha elevado a 12.367 millones de euros la deuda consolidada que, según el Ejecutivo regional, mantiene el Gobierno central con la región por financiación pendiente, servicios públicos y compromisos legales no cubiertos.
La cifra, actualizada este viernes por la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, equivale ya al 40% del presupuesto autonómico previsto para 2026 y se aproxima al gasto anual destinado a la sanidad pública madrileña.
Durante un encuentro informativo, Albert revisó al alza los cálculos presentados el pasado octubre, cuando la deuda atribuida al Estado ascendía a 10.500 millones. Desde entonces, aseguró, se han añadido otros 1.867 millones por nuevos desfases de financiación y medidas estatales sin compensación económica.
La consejera calificó la situación como una "quiebra de la lealtad institucional" y vinculó el escenario a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado durante los últimos años. "Estamos ante una anomalía democrática sin precedentes", afirmó, al reprochar al Ejecutivo central que ni siquiera haya cumplido con su obligación constitucional de presentar un proyecto presupuestario en los tres últimos ejercicios.
Uno de los principales focos de conflicto se sitúa en las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, que representan cerca del 77 % de los ingresos regionales. Según la Comunidad de Madrid, el Gobierno no ha actualizado estas transferencias amparándose en la falta de presupuestos estatales.
Albert aseguró que la región ha dejado de percibir 129 millones de euros mensuales entre enero y marzo y 376 millones al mes desde abril. El desfase acumulado supera ya los 750 millones de euros, a los que se suman otros 4,7 millones derivados de intereses y costes financieros asociados a mecanismos extraordinarios de liquidez.
En este contexto, la consejera avanzó que el Ejecutivo madrileño ha remitido una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, para exigir la aprobación de un decreto ley "urgente y específico" que permita actualizar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas.
Madrid rechaza además que estas medidas se integren en normas de amplio alcance político. "No mezclado con desahucios, vivienda, fiscalidad y un largo etcétera", reclamó Albert.
El coste del Plan de Oriente Medio: 206 millones de euros
La responsable de Economía acusó también al Gobierno central de aprobar iniciativas con impacto directo sobre las finanzas autonómicas sin negociar previamente con las comunidades ni acompañarlas de memorias económicas detalladas. "Es un ‘yo decido, tú pagas’", resumió.
Como ejemplo reciente citó el denominado Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que incluye rebajas temporales del IVA de la electricidad y los carburantes, así como reducciones en impuestos especiales parcialmente cedidos a las comunidades autónomas. Según los cálculos del Ejecutivo regional, el coste para Madrid asciende a 206 millones de euros.
La consejera alertó además sobre futuras medidas en tramitación que podrían incrementar la presión presupuestaria sobre las autonomías, entre ellas la reducción de la jornada laboral a 35 horas en la Administración o la modificación de ratios y horas lectivas en el ámbito educativo.
A ello se añade, según explicó, la subida salarial pactada por el Gobierno para los empleados públicos, que supondrá un impacto de 888 millones de euros para la Comunidad de Madrid entre 2025 y 2026 y cerca de 2.000 millones acumulados hasta 2028.
Desglose de la deuda por áreas
Del total de la deuda que la Comunidad atribuye al Estado, más de la mitad —6.276 millones de euros— corresponde al área de Economía, Hacienda y Empleo.
Dentro de esa cifra destacan 4.513 millones vinculados al Fondo de Competitividad acumulado entre 2019 y 2023, otros 765 millones por el retraso en las entregas a cuenta de 2026 y 993 millones derivados, según el Ejecutivo madrileño, de una financiación insuficiente de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
La Consejería de Asuntos Sociales concentra otros 2.668 millones por el incumplimiento estatal de la Ley de Dependencia, que establece una financiación compartida al 50% entre Estado y comunidades autónomas. Madrid sostiene que la aportación estatal apenas cubre el 27,9 % del sistema.
En materia medioambiental, la deuda atribuida asciende a 2.785 millones de euros, principalmente por actuaciones pendientes vinculadas al Plan Hidrológico del Tajo y a infraestructuras de depuración de aguas residuales.
El listado se completa con 417 millones correspondientes al Consorcio Regional de Transportes, 149 millones en Sanidad, 61 millones en Justicia y 10 millones en Educación.