Gritos, expulsión y un encaramiento: diputados del PSOE intervienen para sacar de la Asamblea a su portavoz adjunto

Todo ocurrió a raíz de una iniciativa defendida por el PP que busca terminar con la salida indiscriminada de los terroristas de ETA de las cárceles antes de que cumplan sus condenas. En cuestión de pocos minutos los ánimos se encendieron y el portavoz adjunto del PSOE, Fernando Fernández Lara, no solo fue expulsado de la Asamblea sino que sus compañeros tuvieron que sacarlo del hemiciclo para evitar que el conflicto continuara escalando.

Las palabras más gruesas y la actitud más agresiva fue la mostrada por el diputado de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca. "Señores del PP, ¿van ustedes a dejar de hablar aunque no les estemos riendo las gracias?", preguntó completamente fuera de sí. "¡Ya está bien, ya está bien! ¿Pero quién se creen que son? ¡No nos van a quitar la palabra a base de insultos, gritos y estigmatizaciones! ¡No nos van a callar, ya está bien!".

Y dirigiéndose a la diputada de Vox, Ana Velasco, que les había calificado de "inmorales" e "indecentes", le espetó: "Es mentira cuando ha dicho que tienen mucha empatía con las víctimas españolas. Con las víctimas españolas no, con algunas víctimas. ¡Con miles y miles de víctimas españolas ustedes se mean en su memoria!".

Antes, Fernández Lara se había mostrado también visiblemente molesto con el PP por esta iniciativa pero fue al final del debate cuando se levantó de su escaño y pidió nuevamente la palabra porque, según afirmó, alguien desde la bancada popular había dicho que "las víctimas" del terrorismo de ETA estaban sólo en una bancada. La vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, lo negó y le retiró la palabra lo que motivó que el diputado socialista se enfadara aún más.

A partir de ese momento las bancadas del PSOE y PP comenzaron a cruzarse gritos ininteligibles y Fernández Lara fue llamado al orden por cuarta vez lo que motivó su expulsión. No obstante, antes de abandonar el hemiciclo tuvo un encaramiento con el diputado popular Enrique Serrano, hasta tal punto que varios socialistas, incluida su portavoz Mar Espinar, se levantaron para tratar de apaciguar los ánimos y sacar al portavoz adjunto del hemiciclo.

Fue entonces cuando Espinar pidió la palabra y, tras destacar que se había ido "de las manos" el debate "a todos", reprochó que desde la bancada del PP se les gritara "traidores". Ana Millán no permitió a Espinar seguir interviniendo y, en respuesta, el Grupo Parlamentario Socialista casi al completo abandonó el hemiciclo.

La iniciativa del PP

El PP, haciendo valer su mayoría absoluta, sacó adelante la iniciativa parlamentaria que parte de la necesidad de corregir disfunciones relevantes que inciden directamente en la fase de ejecución penal y que adquieren especial importancia en los supuestos de delitos de terrorismo.

Para ello, el texto pide que se lleve a cabo una reforma normativa integral del sistema de ejecución penal. En este sentido, propone que se reforme el artículo 90.8 del Código Penal con el objetivo de reforzar los requisitos exigibles para la concesión de la libertad condicional, establecer expresamente su carácter autónomo y acumulativo, y exigir una colaboración efectiva, real y verificable con la Justicia y una desvinculación plena del entorno terrorista.

El diputado popular Daniel Portero fue el encargado de defenderla y en su intervención puso de manifiesto que, por "cinco votos de sangre, se está retorciendo la Ley para conceder el tercer grado o la libertad condicional sin cumplir las condiciones".

"No puede ser que sólo se exija una carta genérica de petición de perdón a las víctimas sin colaboración expresa o perdón individualizado", señaló Portero, quien recordó que aún quedan 376 asesinatos sin resolver y que no se está pidiendo una colaboración efectiva con la Justicia para contribuir a su esclarecimiento". "Desde la moción de censura de 2018, sólo se ha resuelto tres casos y esto es un fracaso de la democracia", afirmó.

Los populares instan también a la modificación del artículo 72.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para exigir la convalidación judicial previa y expresa de la progresión a tercer grado en delitos de terrorismo, delimitar de forma precisa el concepto de colaboración y establecer el carácter acumulativo e insustituible de los requisitos exigidos.

Asimismo, reclaman un impulso a la reforma del régimen previsto en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario mediante su incorporación a la Ley Orgánica General Penitenciaria, garantizando la reserva de ley orgánica, su configuración como medida estrictamente excepcional y que "no sea un tercer grado por la puerta trasera", tal y como indicó Portero.

En esta línea, la iniciativa promueve también la reforma de la Ley 50/1981, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reconocer expresamente su legitimación para recurrir resoluciones penitenciarias de especial relevancia y reforzar su papel como garante de la legalidad en la fase de ejecución penal. "No puede ser que el Ministerio Público no tenga capacidad para recurrir el 102.2 y no puede ser que las víctimas no tengan posibilidad de hacer nada", apuntó.

Por ello, en paralelo a estas reformas, el PP pide que se modifique la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima y se les reconozca el derecho a ser informadas y a participar en la ejecución penal, se les garantice el derecho a ser oídas y se amplíe su legitimación para impugnar las resoluciones que afecten al cumplimiento efectivo de la pena.

El texto final aprobado en el Pleno de la Asamblea reclama asimismo que se garantice la aplicación estricta de los requisitos patrimoniales previstos en el artículo 72.5 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para los condenados por delitos de terrorismo, valorando su conducta dirigida a satisfacer la responsabilidad civil antes del acceso a beneficios penitenciarios o a la progresión de grado.