Los retrasos injustificados en la repatriación de los menores extranjeros no acompañados –los famosos menas– pone de manifiesto el despropósito en el que se ha convertido este problema, agravado artificialmente con fines políticos.
No puede ser que cuando los menores de edad que han entrado ilegalmente en nuestro país son identificados y localizadas sus familias, el Gobierno provoque todo tipo de dilaciones para retrasar sine die su repatriación, de tal manera que no es infrecuente que durante el proceso alcancen la mayoría de edad. Sin embargo, eso es justamente lo que está ocurriendo, sobre todo en Madrid, cuyo delegado del Gobierno tiene en un cajón más de 120 expedientes de este tenor según ha denunciado la comunidad autónoma. Se da la circunstancia de que los menas pendientes de repatriar en Madrid son considerados altamente conflictivos, lo que otorga mayor gravedad a la actitud del Gobierno y su negativa a enviarlos con sus familias, toda vez que los trámites administrativos ya han sido completados.
El Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso ha advertido de que emprenderá acciones judiciales si el delegado del Gobierno sigue bloqueando injustificadamente estos expedientes de repatriación. Se trata de menores de edad residiendo ilegalmente en un país extranjero y, en consecuencia, la prioridad de la Administración General del Estado ha de ser promover la reunificación familiar en los países de origen, tal y como establece la normativa migratoria respondiendo al interés superior del menor.
Esta inacción interesada del Gobierno en la repatriación de los menas identificados se suma al reparto injusto de menores inmigrantes, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez distribuyó discrecionalmente entre las distintas comunidades autónomas con perjuicio de las presididas por el Partido Popular y, muy especialmente, la de Madrid. Ahora, además, el ministerio de Juventud e Infancia pretende un nuevo reparto de menas sin atender a las capacidades reales de los distintos territorios y sin explicar cuáles han sido los criterios que han motivado esa decisión.
Además de lo anterior, el reparto de los menores acordado en el último Consejo de Ministros se hizo sin ser debatido previamente en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, órgano competente para abordar este tipo de decisiones. De hecho, la última vez que la mesa sectorial abordó esta cuestión terminó con el voto mayoritario en contra de elevar las cifras de capacidad, lo que convierte aún en más arbitraria una decisión que, de hecho, podría ser ilegal.
La Comunidad de Madrid se muestra dispuesta a emprender acciones legales para frenar una decisión adoptada con fines únicamente políticos, como lo demuestra el hecho de que Cataluña y País Vasco, regiones controladas por los socios de Sánchez, han quedado a salvo de este nuevo reparto de menores extranjeros. Harían bien las demás comunidades del Partido Popular en sumarse a esta iniciativa, que exige poner orden en una cuestión que no puede ser convertida en un ariete para dañar al partido rival.