La Comunidad de Madrid plantó cara este viernes al Ministerio de Sanidad durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud al votar en contra de la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia. El Gobierno regional sostiene que el documento impulsado por el departamento de Mónica García presenta carencias jurídicas, clínicas y éticas que, a su juicio, impiden respaldarlo en su redacción actual.
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, quiso dejar claro que el rechazo de Madrid no supone una impugnación de la Ley de Eutanasia, cuya aplicación, subrayó, está plenamente garantizada en la región. "No estamos en contra de la ley de eutanasia, que se aplica con garantías en la Comunidad de Madrid. Lo que rechazamos es un manual que presenta problemas jurídicos, clínicos y éticos", explicó tras la reunión del Consejo Interterritorial.
La responsable madrileña de Sanidad argumentó que el documento elaborado por el Ministerio incorpora supuestos que no aparecen recogidos en la legislación vigente, una circunstancia que, en su opinión, genera inseguridad jurídica. "Si se quieren introducir nuevos supuestos, lo que hay que modificar es la ley", defendió.
Las críticas del Ejecutivo madrileño también se centran en el contenido asistencial del manual. Según Matute, el texto ignora parte de las recomendaciones trasladadas por las sociedades científicas y los colegios profesionales, con los que la Consejería asegura haber trabajado durante la elaboración de sus alegaciones.
En concreto, Madrid reprocha al Ministerio no haber incorporado herramientas objetivas para la evaluación de los pacientes ni la participación de especialistas en salud mental en aquellos casos especialmente complejos, como situaciones de intenso sufrimiento o de ideación suicida. A juicio de la consejera, esa ausencia "deja desprotegidos a los profesionales" encargados de aplicar el procedimiento.
Pero el principal reproche formulado por el Gobierno regional se sitúa en el plano ético. Para Matute, no basta con informar al paciente de que existen recursos para aliviar su sufrimiento, sino que las administraciones deben garantizar que pueda acceder realmente a ellos antes de adoptar una decisión irreversible.
"Es nuestra obligación asegurar que tengan acceso al cien por cien de esos recursos", sostuvo la consejera, quien vinculó esa falta de garantías a la financiación estatal de determinadas prestaciones asistenciales. En este contexto, la máxima responsable de la sanidad madrileña acusó al Gobierno de no dotar suficientemente a las comunidades autónomas para desarrollar medidas como la Ley ELA, lo que, advirtió, dificulta que decisiones de tanta trascendencia puedan tomarse "de forma informada, libre y con dignidad".
La Comunidad de Madrid insiste en que comparte la necesidad de contar con un manual que sirva de guía para los profesionales sanitarios, pero considera que el texto presentado por el Ministerio requiere una revisión profunda antes de convertirse en la referencia para la aplicación de la ley.
Desde el Ejecutivo autonómico defienden que ese documento debe elaborarse con el respaldo de las sociedades científicas, los colegios profesionales y los especialistas que participan directamente en estos procesos, incorporando criterios clínicos objetivos y garantizando que todos los pacientes tengan acceso efectivo a los cuidados y alternativas terapéuticas disponibles.
El Manual ha sido aprobado y la ministra y aspirante a presidir la Comunidad de Madrid cargó después contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por su postura en esta cuestión. "Básicamente la Comunidad de Madrid va en contra de las personas, ya sea eutanasia o ya sea aborto. […] Esto es un manual de buenas prácticas y lo que hace la Comunidad de Madrid, nuevamente, es intentar bloquear un derecho, un derecho legal, como hicieron con el aborto, pero en este caso el derecho legal a morir dignamente, morir a través de la ley de la eutanasia", espetó García.