El brutal asesinato de Dionisio, un joven de 23 años con antecedentes penales y presuntamente vinculado a los Trinitarios de San Blas, ha vuelto a sacudir las calles de Madrid tras ser hallado con varias puñaladas mortales en una barriada de Ciudad Lineal, territorio dominado por la banda latina de los Dominican Don't Play.
Este suceso refleja una realidad que la Confederación Española de Policía (CEP) define como "patente y cada vez más habitual", en la que organizaciones criminales establecen fronteras invisibles pero muy peligrosas en barrios céntricos y populares de toda la vida en ciudades como Madrid o Barcelona.
Según explica el portavoz de la CEP, David Gutiérrez para los micrófonos de Es la Mañana de Federico en esRadio "desde que Sánchez llegó a la Moncloa o desde que Marlaska llegó al Ministerio del Interior, la violencia callejera y las agresiones violentas han crecido más de un 76%", un incremento que, en sus palabras, "no parece preocuparle al Gobierno ni parece que sea su prioridad".
Gutiérrez denuncia que estas agrupaciones a las que el Ejecutivo "quiere llamar juveniles, cuando todos sabemos lo que son", se dedican a marcar territorios para "tener su presencia y dominio" para desarrollar sus actividades delictivas, disputando el control de las zonas en reyertas que provocan víctimas tanto entre rivales como entre ciudadanos de a pie.
"Se ha normalizado que en Madrid todos los días se apuñale a alguien"
La situación operativa en la capital resulta especialmente alarmante para las fuerzas de seguridad. El portavoz del colectivo policial lamenta que "se ha normalizado que en Madrid todos los días se apuñale a alguien, esto es una barbaridad que no puede suceder", ha señalado, asegurando que tanto las patrullas que trabajan a pie de calle como las asistencias del SAMUR atienden a diario este tipo de agresiones.
Ante este escenario, la CEP exige al delegado del Gobierno que deje "los juegos políticos" y se centre en la seguridad pública, recordando que "la competencia exclusiva recae sobre el Gobierno de la nación porque lo dice el artículo 149 de la Constitución". Los agentes reclaman un aumento urgente de recursos para la Policía Nacional, que actualmente trabaja "con las plantillas bajo mínimos" mientras hace frente a un preocupante incremento de las agresiones contra los propios policías.
En cuanto al volumen de armamento que circula por las vías públicas, los datos policiales revelan que solo en la región madrileña "se están incautando prácticamente 400 armas blancas al mes", en su mayoría machetes gigantes que "se utilizan para cazar en otros países y que se han importado aquí". A pesar de esta proliferación, el portavoz de la CEP sostiene que el porte de estas armas "no está suficientemente penado en nuestra legislación", explicando que la inmensa mayoría de las intervenciones se salda con "una denuncia administrativa, un papelito de 600 euros como si fuese una multa de tráfico".
Al tratarse muchas veces de menores o personas insolventes, la sanción ni siquiera se cobra. Gutiérrez aclara además que "la mayoría de personas que detenemos en Madrid en la vía pública con un machete oculto no van a prisión", por lo que "les está saliendo gratis" al no existir una norma que genere en el delincuente el miedo a terminar en la cárcel.
El preocupante cambio de perfil de las bandas
El cambio de perfil resulta cada vez más preocupante en las aulas, donde la policía está acudiendo a instruir a los alumnos tras haber identificado en las últimas redadas a "jóvenes de nacionalidad española y de origen español que están empezando a pertenecer y a participar en estas bandas porque son captados en los centros educativos o en su entorno".
Gutiérrez expone que la pertenencia a estos grupos se está viendo falsamente como "algo guay por la estética, la forma de relacionarse, las publicaciones en redes sociales o el sentimiento de pertenencia que no tienen en su entorno familiar". Sin embargo, la integración exige superar pruebas ligadas a la violencia y el uso de armas blancas, recurriendo a los menores porque "saben que la ley penal del menor es muy laxa y el reproche penal va a ser mucho menor si cometen un homicidio o una tentativa".
Con respecto al crimen de Dionisio, la CEP confirma que las investigaciones continúan bajo secreto de sumario pero enmarcadas en la misma lucha por el territorio y el tráfico de drogas.