El Tribunal de Cuentas ha acordado archivar la denuncia presentada por la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, contra el sistema de facturación entre hospitales públicos y centros de gestión indirecta de la Comunidad de Madrid. El órgano fiscalizador considera que no existen elementos suficientes para acreditar un perjuicio económico para las arcas públicas ni una posible responsabilidad contable.
La denuncia cuestionaba el funcionamiento del sistema de compensación entre centros sanitarios derivado del derecho de los ciudadanos a elegir libremente dónde recibir atención médica y apuntaba a un supuesto perjuicio económico millonario para el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas concluye que no se han identificado cantidades concretas que la Administración madrileña hubiera dejado de cobrar ni derechos de cobro pendientes que fueran líquidos y exigibles. Tampoco aprecia un daño patrimonial concreto, efectivo e individualizado que permita iniciar un procedimiento de responsabilidad contable.
El Tribunal rechaza abrir una investigación
La resolución establece que la jurisdicción contable no tiene como finalidad revisar de manera general el funcionamiento de una Administración ni valorar la conveniencia de sus decisiones de gestión. Su cometido se centra en determinar la existencia de un menoscabo concreto de fondos públicos vinculado a actuaciones determinadas.
En este caso, el órgano fiscalizador considera que la denuncia planteaba la posibilidad de que se hubieran producido deficiencias en el sistema de compensación entre hospitales, pero sin aportar los elementos necesarios para demostrar que esas incidencias hubieran provocado una pérdida económica para la Administración.
Por ello, además de acordar el archivo de las actuaciones, rechaza el nombramiento de un delegado instructor para investigar un posible alcance en fondos públicos.
La auditoría del Hospital de Villalba y los 71 millones
Uno de los argumentos empleados en la denuncia era una auditoría correspondiente al Hospital General de Villalba y al ejercicio de 2018. El Tribunal considera que dicho documento recoge discrepancias relacionadas con determinados procesos de facturación, pero no establece importes concretos que permitan concluir que esas diferencias hayan ocasionado un daño patrimonial a la Comunidad de Madrid.
La denuncia también hacía referencia a un supuesto perjuicio de 71 millones de euros. El Tribunal señala que esa cantidad procede de una información publicada en un medio de comunicación y que no consta acreditada mediante documentación dentro del procedimiento.
La Fiscalía también ha cuestionado la utilización de estos elementos y ha señalado que las conclusiones extraídas por la parte denunciante eran "valorativas y no fácticas". Asimismo, ha considerado que los datos correspondientes a un único hospital y a un solo ejercicio no podían extrapolarse al conjunto del sistema sanitario madrileño.
No existen cantidades pendientes de cobro
Durante el procedimiento, la Comunidad de Madrid aportó un certificado de la Dirección General de Gestión Económico-Financiera del SERMAS en el que se hacía constar que no existían derechos de cobro pendientes, líquidos y exigibles relacionados con los contratos y convenios cuestionados.
El Gobierno regional explicó además que algunas de las diferencias detectadas en los expedientes respondían a incidencias técnicas producidas durante los procesos de validación, entre ellas errores de codificación, actividades que no podían ser objeto de facturación o episodios que posteriormente habían sido reclasificados.
Según la posición defendida por la Comunidad de Madrid, estas incidencias no suponían por sí mismas una pérdida económica para la Administración ni implicaban que se hubieran dejado de reclamar cantidades a las empresas concesionarias.
La Fiscalía también pidió el archivo
El Ministerio Fiscal coincidió con la conclusión finalmente adoptada por el Tribunal de Cuentas y solicitó igualmente el archivo de las actuaciones.
La Fiscalía consideró que la denuncia pretendía promover una investigación general sobre el funcionamiento del sistema de facturación sanitaria, algo que no corresponde a la jurisdicción contable. También cuestionó que el contenido de la auditoría utilizada por el PSOE respaldara las conclusiones planteadas en la denuncia.
El archivo supone así el cierre del procedimiento iniciado a raíz de la denuncia de Mar Espinar, que sostenía que la Comunidad de Madrid habría condonado supuestamente deuda a los grupos Quirón y Ribera Salud.
El Tribunal de Cuentas, no obstante, no entra a valorar en su resolución el modelo sanitario madrileño ni el sistema de compensación entre hospitales. Su conclusión se limita a determinar que no existen en este caso los elementos probatorios necesarios para apreciar responsabilidad contable: no se ha acreditado un perjuicio económico concreto, no se han identificado derechos de cobro pendientes y tampoco se han individualizado actuaciones y responsables que permitan sustentar una reclamación ante la jurisdicción contable.