El PP de Madrid llevará la crisis de Ceuta a los 179 ayuntamientos de la región y a la Asamblea de Madrid. Los populares presentarán mociones en los consistorios y una Proposición No de Ley en el Parlamento autonómico para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez una respuesta "extraordinaria" ante la situación vivida en la ciudad autónoma, reclamar una mayor protección de la soberanía y la integridad territorial de España y mostrar su apoyo a los ceutíes.
"Queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo a nuestros compatriotas del pueblo ceutí. Queremos llevar a todas las instituciones nuestro apoyo y solidaridad, porque esta ha sido la invasión más grave en democracia sobre territorio español".
La iniciativa llega al inicio del curso político tras "la mayor invasión sufrida en una frontera española en las últimas décadas". Según los datos recogidos en la moción, unas 72.000 personas accedieron irregularmente a la ciudad desde Marruecos en apenas dos días y más de un centenar perdió la vida.
Para los populares, la dimensión de la crisis desbordó los mecanismos ordinarios de control de una frontera exterior española y europea y alteró por completo el funcionamiento de una ciudad de más de 80.000 habitantes.
La moción pone el foco en las consecuencias de las entradas masivas: servicios sanitarios, asistenciales y de protección de menores al límite, además de un esfuerzo extraordinario para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, los profesionales sanitarios y la Administración de Justicia.
Pero el principal objetivo político del texto es el Gobierno central. El PP acusa al Ejecutivo de haber reaccionado tarde a una situación que, a su juicio, exigía previsión y anticipación desde el primer momento.
"Ceuta es España y la protección de su frontera es una responsabilidad irrenunciable del Estado", subraya la iniciativa, que reprocha al Gobierno haber desoído las advertencias trasladadas desde la ciudad autónoma y haber minusvalorado inicialmente la magnitud de lo ocurrido.
Los populares recuerdan que no fue hasta el 21 de agosto, 22 días después de las entradas masivas, cuando se conoció que Pedro Sánchez había encargado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática la coordinación de los departamentos implicados en la gestión de la crisis.
El PP considera que aquella decisión evidenció la necesidad de una dirección común, pero denuncia que llegó tarde y reclama al Ejecutivo "mayor implicación, celeridad, contundencia y eficacia".
La moción también critica el tiempo empleado en declarar mediante real decreto la situación de interés para la Seguridad Nacional, convocar el Consejo de Seguridad Nacional y designar formalmente una autoridad funcional para coordinar la respuesta.
El texto carga directamente contra Sánchez y considera "imperdonable" el retraso ante una crisis que afectaba a una frontera española y europea, mientras —según denuncia— el presidente del Gobierno se encontraba de vacaciones en La Mareta.
La iniciativa popular reclama además que se acelere la identificación de las personas que entraron irregularmente, se determine su situación administrativa y se tramiten los correspondientes expedientes de retorno con todas las garantías jurídicas.
En este punto, el PP rechaza que el traslado a la Península de centenares de menores pueda convertirse en una solución sustitutiva a la gestión de la crisis. "La acogida temporal no puede sustituir a la obligación de resolver la situación administrativa de quienes han entrado irregularmente", sostiene el texto. Los populares piden activar los procedimientos previstos legalmente y establecer un calendario que permita conocer, caso por caso, la situación de todas las personas afectadas.
La relación con Marruecos es otro de los ejes de la iniciativa. El PP defiende la cooperación con el país vecino, pero reclama que esta se base en el "respeto, la reciprocidad y el cumplimiento de las obligaciones asumidas".
"Cooperación no significa aceptar presiones, amenazas o hechos consumados", advierte la moción, que subraya que "la integridad territorial de España no se cuestiona, ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en las aguas españolas".
La ofensiva del PP madrileño va más allá de la respuesta inmediata a la crisis. La formación reclama una estrategia permanente del Estado para Ceuta y Melilla, con más infraestructuras, medios humanos, tecnología y cambios en el marco legal, además de un mayor reconocimiento de la singularidad de ambas ciudades dentro de la Unión Europea.
El objetivo, según recoge el texto, es que Ceuta y Melilla no sean consideradas únicamente como fronteras exteriores de España, sino que tengan también un reconocimiento efectivo como fronteras exteriores de la Unión Europea, con los recursos y responsabilidades que ello implica.
"Una frontera que puede ser vulnerada masivamente no es una frontera suficientemente protegida; y un Estado que no garantiza la seguridad de sus fronteras incumple una de sus responsabilidades esenciales", concluye la moción que el PP llevará ahora a los ayuntamientos madrileños y a la Asamblea.
La iniciativa busca así extender el debate sobre la gestión de la crisis de Ceuta a toda la Comunidad de Madrid y convertir los plenos municipales en un nuevo frente de presión al Gobierno de Sánchez y al propio PSOE, que ahora tendrá que retratarse, con una reivindicación común: recuperar la normalidad en la ciudad autónoma, reforzar la frontera y exigir al Estado una respuesta que los populares consideran que llegó tarde.