José Luis Martínez-Almeida ha adelantado que el Ayuntamiento está "acumulando pruebas" para "en su caso" llevar a los tribunales al delegado del Gobierno, Francisco Martín, por la acampada de la Puerta del Sol. Para el alcalde, Martín está dando un trato diferente a quienes cumplen las normas para ejercer su derecho a las manifestaciones y quienes no lo hacen.
Almeida ha puesto como ejemplo a las educadoras infantiles, que comunicaron a la Delegación del Gobierno su intención de concentrarse en Sol. Según ha explicado, a ellas se les permitió permanecer cinco días, pero con la condición de no utilizar tiendas de campaña ni ningún tipo de anclaje.
La situación, ha escenificado el alcalde, contrasta con la que se está produciendo ahora con el Sindicato de Inquilinas. "¿Por qué el delegado del Gobierno a las educadoras infantiles les pone estos límites y al Sindicato de Inquilinas no?", se ha preguntado.
"Porque el delegado del Gobierno trata peor a los que cumplen la norma", ha resumido el edil, frente a quienes "no piden autorización y hacen todo tipo de actuaciones en Sol, en el ámbito de lo que es el mobiliario urbano y en el ámbito de lo que es el pavimento".
El alcalde ha considerado que esta diferencia de trato debe ser explicada por Martín ante la Justicia. Y espera que así "lo tenga que explicar delante de un juez" porque "eso se llama discriminación y linda con un delito".
Preguntado por si la seguridad en la Puerta del Sol está garantizada, Almeida ha respondido que "eso le corresponde al delegado del Gobierno", aunque ha asegurado que la Policía Municipal seguirá colaborando para mantener "la convivencia y la seguridad".
En este sentido, Almeida ha afirmado tener "una confianza inmensa en la Policía Nacional" y, en cambio, "una desconfianza absoluta en el delegado del Gobierno". Sobre la actuación de la Policía Municipal, ha defendido que su profesionalidad está evitando "la incompetencia, inacción, dejadez y mala fe del delegado del Gobierno".
Cabe recordar que esta semana, el Consistorio remitió un informe a la Delegación del Gobierno para denunciar la presencia de "artículos punzantes, cuchillos, adoquines y otros objetos que pueden ser empleados como arma para causar lesiones".