El ministro del Interior en funciones, Leonardo Berrezueta, dijo que Palacio podría enfrentar nuevos cargos por haber presentado el vídeo, en el que aparece Correa en un vehículo durante la revuelta policial del 30 de septiembre, cuando fue retenido por los alzados en un hospital de la institución.
Según Palacio, que ha apelado una condena de cárcel por un editorial en el que acusó a Correa de haber ordenado disparar a discreción para su rescate cuando estuvo retenido, señala ahora que en el vídeo presentado a la Fiscalía el mandatario supuestamente contradice su primer testimonio sobre los hechos.
En el vídeo, de mala calidad, se escucha a Correa decir a agentes de su seguridad: "Díganles que le lancen gas al Presidente y un tiro en el pecho antes que traicionar así a la Patria; los que están haciendo eso son unos traidores a la Patria". Palacio aduce que esa frase contradice el primer testimonio de Correa, quien había señalado que cuando acudió al regimiento donde se había concentrado la manifestación policial, estaba convencido de que "lo único" que ocurría era una protesta laboral y que no llegó "dispuesto a confrontar".
Para Palacio, Correa, antes de llegar al sitio de la trifulca, ya suponía que los policías manifestantes eran "unos traidores a la Patria", capaces de echar gases y "dar tiros en el pecho", por lo que el mandatario, a juicio del periodista, dio instrucciones para que sus oficiales leales actúen en consecuencia.
Palacio, en un correo electrónico difundido a los medios de información, exigió este jueves que en el proceso que afronta se convoque a otros testigos a prestar declaraciones sobre los sucesos del 30 de septiembre, sobre todo a los oficiales que estuvieron cerca de Correa en el momento en que se filmó el polémico vídeo. El periodista dijo que ese material le fue proporcionado por una persona vestida de policía, que le habría pedido no ser identificada por temor a represalias.
Al momento de entregar a la Fiscalía el vídeo, Palacio aseguró que con ello "no señala ni acusa a nadie" y que su objetivo es que el Estado y la justicia ecuatoriana conozcan el material que le entregaron en días pasados.