La explosión que este lunes ha tenido lugar en un almacén nuclear situado en el sureste de Francia ha vuelto a poner de actualidad la polémica acerca de este tipo de instalaciones. En España, desde hace un par de años han sido frecuentes las noticias sobre el emplazamiento del depósito que vendría a complementar al que está ubicado en El Cabril (Córdoba) y que es el único edificio de estas características que hay operativo en estos momentos en España.
La situación en la actualidad es la siguiente. En el mencionado municipio cordobés, existía una antigua mina de uranio en la que se almacenaban bidones radioactivos desde la década de los sesenta. En 1992, comenzó su vida operativa y en estos momentos tiene ocupada un 59% de su capacidad (unos 28.218 metros cúbicos).
Sin embargo, era necesario un Almacén Temporal Centralizado (ATC) y el Gobierno abrió en 2009 el proceso para elegir sede. Trece municipios se presentaron para un proceso que, teóricamente, debería haber terminado en el verano de 2010. De hecho, en septiembre de ese año el Ministerio de Industria filtró que la decisión estaba tomada y que sería Zarra, en Valencia, el que saldría elegido.
Sin embargo, la noticia apenas duró unas horas. El Gobierno desmintió a Miguel Sebastián y dijo que todavía no había un acuerdo al respecto. Aunque los treces pueblos que se presentaron estarían encantados de recibir las inversiones que trae aparejadas el ATC, los pueblos de los alrededores y los gobiernos de las CCAA donde están son completamente contrarios a este tipo de construcciones. Por eso, con un año electoral por delante (primero con autonómicas y luego con las generales), el Ejecutivo ha ido retrasando la decisión.
Ahora mismo, sigue sin haber fecha definitiva y todo indica que será un nuevo problema al que tendrá que hacer frente el nuevo Ejecutivo.
Todo esto, además, no sale gratis a España. Los residuos permanecen en las piscinas de las centrales mientras esto es posible y, cuando es necesario sacarlos de allí, son llevados a Francia. El alquiler diario de estos servicios cuesta unos 60.000 euros (poco menos de 2 millones de euros al mes). Mientras no exista un ATC en territorio nacional, esta será la factura que habrá que abonar.