El jueves, la organización terrorista Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) se desvinculó en un comunicado del secuestro de dos ciudadanos españoles y una italiana en los campamentos de refugiados de Tinduf (sur de Argelia) el pasado 23 de octubre, informó la agencia oficial de noticias mauritana (ANI).
Apenas un día después, este mismo fin de semana, una escisión de los propios terroristas se atribuyó la acción en un doble documento remitido a la agencia AFP, y en la que aseguraban que tanto Enric Gonyalons como Ainhoa Fernández, además de la italiana Rosella Urru, estaban en su poder.
El trío de cooperantes trabajaban en diversos proyectos en los campamentos de Tinduf, y fueron secuestrados tras una refriega armada entre hombres desconocidos y guardianes del campo a las órdenes del Frente Polisario.
Dos saharauis, presuntamente relacionados con estos secuestros, fueron detenidos el pasado domingo por la noche en Mauritania, pero fuentes policiales de este país precisaron que no tienen la certeza de que los dos detenidos sean los secuestradores.
Al margen de estos hechos, apenas se han registrado datos o noticias sobre el paradero o estado de los cooperantes.
El caso de Somalia
El caso de Gonyalons y Fernández se añade al de las dos españolas Montserrat Serra y Blanca Thiebaut, quienes fueron secuestradas el 13 de octubre en el campamento keniano de refugiados de Dadaab, situado a escasos 100 kilómetros de la frontera con Somalia.
Posteriormente a su secuestro, Serra y Thiebaut, de la ONG Médicos sin Fronteras, fueron localizadas en la ciudad costera somalí de Kismayo. El objetivo podría ser su venta para financiar a Al Qaeda, según fuentes militares somalíes.
Somalia vive en un estado de guerra civil y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barré, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, señores de la guerra tribales y bandas de delincuentes armados.
Todo para Rajoy
Apenas se han filtrado o dado a conocer datos de los cuatro españoles secuestrados. El Ejecutivo de Zapatero deja así al Gobierno entrante la misión de recuperar con vida a los cooperantes, y gestionar la información sobre su estado o paradero de cara a los españoles.
El vacío de información del Ejecutivo se atribuye en fuentes de Exteriores al secretismo necesario para las negociaciones, aunque podría ser una prueba más de la inacción del desgastado Gobierno. La responsabilidad pasa ahora al gabinete del PP que tomará posesión antes de Navidad.
En la memoria está el caso del pesquero Alakrana, secuestrado en 2009 y que fue liberado tras 47 días de secuestro en una operación que, según se pudo saber después, fue de todo menos coordinada. La captura de dos piratas somalíes que fueron trasladados a España no hizo más que complicar una operación en la que, finalmente, y pese a la negativa del Gobierno a confirmar las informaciones, se pagaron 11 millones a los piratas somalíes responsables de la acción delictiva, tal y como afirman documentos internos de Defensa que fueron publicados por la prensa.