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Chirac, condenado a dos años de cárcel por corrupción

La Justicia no pudo actuar hasta después del 2007, cuando dejó el Elíseo. Hasta entonces, se benefició de la inmunidad inherente al Presidente.

Libertad Digital
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El Tribunal Correccional de París condenó al expresidente de Francia Jacques Chirac a dos años de prisión exentos de cumplimiento por malversación de fondos públicos, abuso de confianza y apropiación indebida, informa Efe.

Chirac, de 79 años, se convirtió así en el primer ex jefe de Estado francés condenado por la Justicia, por su relación con la creación de empleos ficticios en el Ayuntamiento de París con intereses partidistas cuando era alcalde.

El que fuera presidente de Francia entre 1995 y 2007, eximido de presentarse en el juicio por su delicado estado de salud, fue hallado culpable en los dos expedientes en los que estaba imputado por delitos cometidos a principios de los años noventa.

El expediente por el que fue condenado por malversación de fondos públicos y abuso de confianza se refiere a la creación de 21 empleos ficticios en la Alcaldía entre 1990 y 1995 en favor de sus intereses electorales al frente del partido PRP, con el que se presentó a las Presidenciales.


El otro expediente se refería a la creación de otros siete puestos de trabajo falsos y se trata del mismo por el que en 2004 fue condenado Alain Juppé, actual ministro de Exteriores. La fiscalía había pedido la absolución de Chirac y de los otros nueve imputados.

Empleos ficticios

El caso de los empleos ficticios se remonta a principios de los años 90, durante su etapa de alcalde de París. Según la acusación, estos falsos empleos encubrían misiones destinadas a ampliar su ámbito de influencia. Sin embargo, la justicia no pudo actuar hasta después del 2007, cuando Chirac dejó el Elíseo tras doce años en el poder, durante los cuales se benefició de la inmunidad inherente al cargo de presidente de la República.

Una vez recuperado el estatus de ciudadano de a pie, el proceso se fue eternizando por cuestiones de forma y giros inesperados, como la retirada del actual consistorio socialista tras alcanzar un acuerdo -una indemnización de 2,2 millones de euros- con el partido del expresidente, la Unión por un Movimiento Popular (UMP). La fiscalía, por su parte, había solicitado la absolución.

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