Unidades de la Policía y la Guardia Nacional guineanas se han desplegado en los barrios populares de Conakry, considerados como los principales bastiones de la oposición a la junta militar encabezada por el capitán Musa Dadis Camara que gobierna el país desde el golpe de Estado del pasado 23 de diciembre.
La oposición denuncia, entre otros aspectos, la intención de Camara de presentarse como candidato en los comicios presidenciales del próximo enero, pese a que anteriormente anunció que no lo haría y que devolvería el poder a los civiles. Varios líderes de la oposición han reclamado una comisión de investigación internacional para identificar a los responsabilidades de la sangrienta represión.
El ex primer ministro guineano François Fall manifestó que los responsables de la Policía y la Guardia Nacional deben ser juzgados por el Tribunal Penal Internacional, insistiendo al respecto sobre los casos de violaciones colectivas de mujeres. Por su parte, Alpha Conde, otro líder opositor que se encuentra en el extranjero, dijo a la prensa que la única salida a la crisis pasa por la destitución de Camara, al que considera como el principal responsable de lo ocurrido.
Al menos 87 cadáveres fueron recogidos en el estadio "28 de Septiembre" y sus alrededores, donde se concentraron decenas de miles de opositores hasta que las fuerzas de seguridad comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas y a disparar sobre los manifestantes. Entre los heridos se encuentran dos ex ministros y líderes de la oposición, Cellou Dalein Diallo y Sidya Touré, cuyas casas fueron saqueadas por militares y que estuvieron varias horas detenidos.
Cientos de supuestos opositores han sido detenidos por las fuerzas de seguridad que patrullan las cales de Conakry, que este martes recuperó una relativa calma, aunque permanece la tensión en algunos barrios populares, según las emisoras de radio regionales.
Touré denunció la brutalidad de la intervención policial, especialmente de la Guardia Nacional, a la que acusó de actuar con "clara voluntad de eliminar físicamente a los manifestantes". Moukhtar Diallo, líder de las Nuevas Fuerzas Democráticas, pequeño grupo opositor, confirmó la denuncia de la violación de mujeres por los efectivos de las fuerzas de seguridad.
En una entrevista a la radio privada senegalesa RFM, el capitán Camara declinó su responsabilidad en los hechos y culpó del derramamiento de sangre a los líderes opositores. El militar golpista apuntó como responsable al ex primer ministro Sidya Touré, del que dijo que no hizo caso de la prohibición de manifestarse dictada por el Ministerio del Interior.
Según el Encuentro Africano para la Defensa de los Derechos Humanos (RADDHO), con sede en Dakar, la crisis política de Guinea se ha originado por la voluntad de la junta militar de imponer la candidatura de Camara en las elecciones del próximo enero, con lo que incumpliría el compromiso de devolver el poder a los civiles. La oposición asegura que no aceptará "de ninguna manera" la candidatura de Camara y duda de la capacidad de la junta militar para organizar unos comicios limpios y transparentes.
La Unión Africana (UA), que suspendió a Guinea después del golpe de estado, ha condenado los hechos, que calificó de "grave violación de los derechos humanos", y ha anunciado que considerará la eventual imposición de sanciones al país. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), condenó la violencia policial, exigió la puesta en libertad de los detenidos y reclamó una investigación internacional.