LD (Agencias)
Hans Corell, principal negociador de las Naciones Unidas, firmó en Phom Penh un acuerdo con el Gobierno camboyano para juzgar por genocidio a los ex dirigentes del Jemer Rojo que sobreviven. El plan permite la creación de "cámaras extraordinarias" dentro de la estructura judicial camboyana y contiene las premisas para que el tribunal esté formado por jueces locales, designados por Camboya, y extranjeros, nombrados por Naciones Unidas. Corell, consejero de la ONU para Asuntos Judiciales, reiteró que Camboya ha aceptado que los procesos judiciales cumplan con la legislación internacional.
El documento establece también que las decisiones que deba adoptar el tribunal se dirimirán por el procedimiento de la mayoría. El trato contempla la creación de un tribunal internacional con características similares a los establecidos para juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos en Ruanda y en la antigua Yugoslavia. No obstante, grupos extranjeros y locales comprometidos con la defensa de los derechos humanos han criticado este acuerdo por considerar que la estructura del tribunal que propugna no cumple con los requisitos que exige la legislación internacional.
Entre las cláusulas que más preocupan a estas organizaciones está la que concede al Gobierno camboyano el control sobre los juicios, y le da autoridad para juzgar a aquellos miembros del Jemer Rojo que determine. Antes de que pueda ser constituido el tribunal, el acuerdo deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional (Parlamento) camboyana, pero con las elecciones generales del próximo 27 de julio resulta improbable que salga adelante durante la actual legislatura.
El documento establece también que las decisiones que deba adoptar el tribunal se dirimirán por el procedimiento de la mayoría. El trato contempla la creación de un tribunal internacional con características similares a los establecidos para juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos en Ruanda y en la antigua Yugoslavia. No obstante, grupos extranjeros y locales comprometidos con la defensa de los derechos humanos han criticado este acuerdo por considerar que la estructura del tribunal que propugna no cumple con los requisitos que exige la legislación internacional.
Entre las cláusulas que más preocupan a estas organizaciones está la que concede al Gobierno camboyano el control sobre los juicios, y le da autoridad para juzgar a aquellos miembros del Jemer Rojo que determine. Antes de que pueda ser constituido el tribunal, el acuerdo deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional (Parlamento) camboyana, pero con las elecciones generales del próximo 27 de julio resulta improbable que salga adelante durante la actual legislatura.