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El abogado de Fujimori busca ganar tiempo y obtiene cuatro sesiones más para su alegato

La defensa del ex presidente peruano Alberto Fujimori, juzgado por violaciones a los derechos humanos, obtuvo cuatro sesiones más para su alegato del tribunal, hasta el 25 de marzo. El juez quiere así "garantizar que los ámbitos de la defensa se expresen con amplitud, serenidad y claridad".

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Fujimori durante el juicio. (Archivo)

L D (EFE) El abogado César Nakazaki, que encabeza el equipo de defensores, dijo que "es muy probable" que vuelva a pedir varias sesiones más para concluir sus alegatos, por lo que consideró "prematuro" decir que Fujimori tomaría la palabra en dos semanas.

El presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, César San Martín, concedió solo cuatro de las siete sesiones que había pedido Nakazaki para "garantizar que los ámbitos de la defensa se expresen con amplitud, serenidad y claridad". Nakazaki recordó que la defensa tiene derecho a pedir cuantas sesiones suplementarias desee sin plazo límite, aunque sí hay criterios de limitación: que los argumentos no sean repetidos y que sean importantes.

En su turno de este lunes, el abogado analizó algunos de los documentos presentados por la fiscalía o la parte civil –un discurso a la nación de Fujimori, entrevistas y artículos periodísticos firmados por él– como pruebas de que el ex presidente diseñó una política de guerra sucia contra el terrorismo.

Nakazaki replicó que esos documentos no bastan para probar que hubo esa guerra informal, y precisó que, por el contrario, demuestran –según su línea argumental– que la lucha contra el terrorismo fue limpia y transparente. Señaló, del mismo modo, que no constituyen pruebas de que Fujimori conociera el Grupo de Análisis (integrado por ex militares y ex oficiales de inteligencia), del que más tarde derivó el Grupo Colina, autor de las matanzas más significativas del régimen.

Fujimori se enfrenta a una pena de 30 años de cárcel por su responsabilidad en la muerte de un total de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), además de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, tras el "autogolpe" de Estado de 1992.

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