La sentencia fue recibida con júbilo por víctimas, familiares y miembros de organismos humanitarios reunidos en el juzgado, que estallaron en gritos de "asesinos, asesinos" cuando el juez concluyó la lectura del veredicto, celebrado también por más de un centenar de personas en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, en Buenos Aires.
Videla, de 85 años, escuchó impasible el veredicto del tribunal, su primera condena a cadena perpetua desde el Juicio a las Juntas Militares de 1985. La condena de Videla atiende la solicitud de la acusación particular y del fiscal, que señaló al dictador como "máximo responsable" de la confección de un plan sistemático "para eliminar opositores" durante el régimen militar.
Durante el proceso oral, por el que desfilaron más de un centenar de testigos, se escucharon crudos relatos de la represión que el dictador justificó este martes, en su alegato final. Videla insistió en su declaración de este martes en que los militares libraron "una guerra justa" contra "terroristas" que buscaban "la destrucción de bienes materiales o de personas" y pretendían instalar en Argentina un régimen marxista leninista.
El ex dictador es considerado el principal ideólogo del llamado Proceso de Reorganización Nacional que comenzó con el golpe de Estado de marzo de 1976, con el que se persiguieron a miles de opositores al régimen que fueron encerrados en centros clandestinos y sometidos a cruentas torturas hasta morir.
Los jueces Jaime Díaz Gavier, Carlos Lazcano y José Pérez Villalobo condenaron también a otros 28 ex represores a los que encontraron culpables de los delitos de tormentos, homicidio y privación ilegal de la libertad. Videla, juzgado en calidad de presidente de la junta militar, ha sido considerado el "autor mediato de la imposición de tormentos agravados y homicidio calificado por alevosía", entre otros cargos.
En 1985, dos años después del restablecimiento de la democracia, Videla fue condenado a reclusión perpetua en el Juicio a las Juntas, aunque en 1990 fue indultado por el entonces presidente, Carlos Menem. En 1998 regresó en la cárcel por orden de un juez que consideró la apropiación indebida de menores como delito de lesa humanidad, pero inmediatamente se benefició del arresto domiciliario. En 2006 otro juez anuló su indulto y dos años después revocó su prisión domiciliaria, lo que permitió su traslado a la prisión militar de Campo de Mayo. La batalla judicial sobre su situación concluyó definitivamente en abril pasado, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional el indulto concedido por Menem.