LD (EFE) El ministro aseguró que el Gobierno que preside Néstor Kirchner no busca únicamente "sancionar con cárcel al que robó o se enriqueció indebidamente con los dineros del Estado", sino que también iniciará "las correspondientes acciones civiles para que el corrupto devuelva lo que robó".
"Vamos a trabajar en los enjuiciamientos penales y también en los juicios civiles, que son muy importantes porque tienen que ver con la afectación del bolsillo de todos los argentinos, que cuando pagan sus impuestos ven como esa plata es robada por un conjunto de funcionarios", destacó Béliz. Según peritos de la Auditoría General de la Nación, uno de los organismos de control de los gastos del Estado, por actos de corrupción gubernamental se "esfumaron a mediados de la década pasada unos 5.000 millones de pesos por año".
El ministro de Justicia anunció, además, una serie de medidas administrativas para fortalecer el funcionamiento de la Oficina Anticorrupción, que depende de su cartera y cuya función es investigar y promover denuncias penales por actividades ilícitas de funcionarios públicos. Béliz crítico a la Justicia, al señalar que "no ha habido ninguna condena" en las 814 causas penales promovidas por la Oficina Anticorrupción, la mayoría contra funcionarios del Gobierno que presidió Carlos Menem (1989-1999). "A pesar de todas estas denuncias, los jueces sólo han dictado 49 procesamientos. Son niveles muy negativos en cuanto a la eficiencia del sistema judicial de punición", se quejó. El ministro anunció también que la Oficina Anticorrupción hará "un mapa de la impunidad" en la administración pública nacional, "para detectar cuáles son los principales obstáculos que han llevado a este sistema de sanción cero".
El alemán Peter Eigen llegó a Argentina invitado por la organización no gubernamental Poder Ciudadano, fundada hace más de una década por el fiscal del Tribunal Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, con el propósito de promover la participación de la ciudadanía en el control de los actos administrativos del Estado. En una reunión con un grupo de periodistas, Eigen aseguró que ha recibido de altos funcionarios argentinos el compromiso de "no tolerar" actos de corrupción en la administración y garantías para fortalecer las instituciones que luchan contra estas practicas. Destacó especialmente el compromiso oficial para aprobar una ley de acceso a la información pública, aprobación que "si tiene éxito será una buen ejemplo", agregó Eigen.
"Vamos a trabajar en los enjuiciamientos penales y también en los juicios civiles, que son muy importantes porque tienen que ver con la afectación del bolsillo de todos los argentinos, que cuando pagan sus impuestos ven como esa plata es robada por un conjunto de funcionarios", destacó Béliz. Según peritos de la Auditoría General de la Nación, uno de los organismos de control de los gastos del Estado, por actos de corrupción gubernamental se "esfumaron a mediados de la década pasada unos 5.000 millones de pesos por año".
El ministro de Justicia anunció, además, una serie de medidas administrativas para fortalecer el funcionamiento de la Oficina Anticorrupción, que depende de su cartera y cuya función es investigar y promover denuncias penales por actividades ilícitas de funcionarios públicos. Béliz crítico a la Justicia, al señalar que "no ha habido ninguna condena" en las 814 causas penales promovidas por la Oficina Anticorrupción, la mayoría contra funcionarios del Gobierno que presidió Carlos Menem (1989-1999). "A pesar de todas estas denuncias, los jueces sólo han dictado 49 procesamientos. Son niveles muy negativos en cuanto a la eficiencia del sistema judicial de punición", se quejó. El ministro anunció también que la Oficina Anticorrupción hará "un mapa de la impunidad" en la administración pública nacional, "para detectar cuáles son los principales obstáculos que han llevado a este sistema de sanción cero".
El alemán Peter Eigen llegó a Argentina invitado por la organización no gubernamental Poder Ciudadano, fundada hace más de una década por el fiscal del Tribunal Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, con el propósito de promover la participación de la ciudadanía en el control de los actos administrativos del Estado. En una reunión con un grupo de periodistas, Eigen aseguró que ha recibido de altos funcionarios argentinos el compromiso de "no tolerar" actos de corrupción en la administración y garantías para fortalecer las instituciones que luchan contra estas practicas. Destacó especialmente el compromiso oficial para aprobar una ley de acceso a la información pública, aprobación que "si tiene éxito será una buen ejemplo", agregó Eigen.