LD (Agencias)
El llamado "Ángel de la muerte" fue acusado de uso de documentos de identidad falsos, lo que para las Madres de Plaza de Mayo refuerza la sospecha de que, pese a haber sido destituido de la Marina de Guerra, aún continúa como agente de inteligencia de esa fuerza. La denuncia fue presentada ante la Procuración General de la Nación por el fiscal Hugo Cañón, de la Cámara Federal de la ciudad de Bahía Blanca, a 790 kilómetros al sur de Buenos Aires, donde el mes pasado se tramitó la última solicitud del gobierno de Francia para extraditar al ex oficial naval.
En la querella se advierte de que Astiz presentó un documento de identidad falso y una dirección particular que no se corresponde con la de su domicilio real, cuando fue notificado por la Justicia de Bahía Blanca del requerimiento francés para extraditarlo. La falsificación del documento de identidad es un delito menor, que no se purga con prisión, pero en el caso del ex marino se suma a más de un centenar de acusaciones por el secuestro, torturas, asesinato o desaparición de personas durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.
En tanto, fuentes judiciales indicaron que el trámite de extradición de Astiz, en apelación ante la Corte Suprema, quedará supeditado a la decisión del máximo tribunal sobre la validez de las leyes de "Punto Final" y de "Obediencia Debida", anuladas el mes pasado por el Parlamento argentino. El juez federal de Bahía Blanca Alcindo Álvarez Canale rechazó la petición francesa, por lo que el fiscal Cañón apeló esa resolución, lo que obliga al Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, a pronunciarse antes de que el caso llegue a estudio del máximo tribunal del país.
En la querella se advierte de que Astiz presentó un documento de identidad falso y una dirección particular que no se corresponde con la de su domicilio real, cuando fue notificado por la Justicia de Bahía Blanca del requerimiento francés para extraditarlo. La falsificación del documento de identidad es un delito menor, que no se purga con prisión, pero en el caso del ex marino se suma a más de un centenar de acusaciones por el secuestro, torturas, asesinato o desaparición de personas durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.
En tanto, fuentes judiciales indicaron que el trámite de extradición de Astiz, en apelación ante la Corte Suprema, quedará supeditado a la decisión del máximo tribunal sobre la validez de las leyes de "Punto Final" y de "Obediencia Debida", anuladas el mes pasado por el Parlamento argentino. El juez federal de Bahía Blanca Alcindo Álvarez Canale rechazó la petición francesa, por lo que el fiscal Cañón apeló esa resolución, lo que obliga al Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, a pronunciarse antes de que el caso llegue a estudio del máximo tribunal del país.