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Garzón imputa por genocidio a un general marroquí condecorado por España en 2005

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declaró competente para investigar el genocidio de cientos de saharauis que pudieron cometer altos cargos de Marruecos durante los años 70, 80 y 90. Entre los imputados destaca el general mayor de Gendarmería, Housni Benslimane, que fue premiado en 2005 con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros, tal y como figura en el Boletín Oficial del Estado de 15 de enero de ese año.

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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declaró competente para investigar el genocidio de cientos de saharauis que pudieron cometer altos cargos de Marruecos durante los años 70, 80 y 90. Entre los imputados destaca el general mayor de Gendarmería, Housni Benslimane, que fue premiado en 2005 con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros, tal y como figura en el Boletín Oficial del Estado de 15 de enero de ese año.
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L D (Europa Press) El juez Garzón ha imputado a destacados funcionarios marroquíes que pudieron ordenar y dirigir distintas campañas de detenciones y posteriores desapariciones en ciudades del Sahara como Smara, El Aaiún o Tan Tan. Destaca la presencia de Dris Basri, ex ministro del Interior y hombre fuerte del reinado de Hassan II. Basri fue destituido por el actual monarca, Mohamed VI, y que vivía exiliado en París hasta su muerte el pasado mes de agosto.
 
También se encuentra entre los acusados el general mayor de Gendarmería, Housni Benslimane. En cuanto a él, Garzón especifica que fue el superior que ordenó y dirigió la campaña de detenciones y desapariciones en Smara en 1976. Este general fue premiado en 2005 con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros, tal y como figura en el Boletín Oficial del Estado de 15 de enero de ese año.
 
El magistrado ha aceptado, a través de un auto hecho público este martes, investigar una querella presentada en septiembre de 2006 por un delito de genocidio por asesinato, lesiones y torturas, contra un total de 32 marroquíes, aunque ha limitado el número de acusados, que finalmente será de 13. La acción penal, que instruye unos hechos que Garzón califica como "enmarcados en una acción compleja y sistemáticamente organizada", se establece contra varios altos cargos, miembros del Ejército o las Fuerzas de Seguridad de este país, y que son sospechosos de haber participado en la tortura y desaparición de saharauis.
 
Garzón se declara competente en función "del principio de justicia penal universal", con el respaldo de distintos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional español y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por ello, el magistrado ha abierto diligencias previas de instrucción y librado una comisión rogatoria a las autoridades judiciales del Reino de Marruecos con la intención de que se notifique la querella a cada uno de los acusados. Garzón pide también a las autoridades marroquíes que le informen de si estos hechos han sido o están siendo investigados en este país y de si existe o ha existido procedimiento penal contra los 13 imputados.  
 
El juez cita a declarar a cuatro de los querellantes los próximos días 11 y 12 de diciembre y solicita toda la información disponible en el Estado alauí sobre la identidad de las 32 víctimas y los lugares donde fueron enterradas. La querella fue presentada por asociaciones de defensa de los Derechos Humanos y familiares de presos y de desaparecidos saharauis en septiembre de 2006 por la comisión de presuntos delitos de genocidio, asesinato, torturas y detenciones ilegales y lesiones practicadas por el Reino de Marruecos contra el pueblo saharaui desde octubre de 1975.
 
Los querellantes tienen contabilizados más de 542 desaparecidos, de los que la mayoría contaba con documento nacional de identidad como españoles. Los hechos denunciados, se sitúan a partir del año 1975, cuando tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid España abandonó su provincia número 53. Después de la retirada de las tropas españolas se inició la conocida como 'Marcha Verde', a través de la cual el Reino de Marruecos ocupó el Sahara Occidental.
 
La querella añadía que la invasión y masacre contra el pueblo saharaui se prolongó durante 16 años, tiempo en el que sus integrantes fueron sometidos a la dominación de una potencia extranjera que les impide "el ejercicio del derecho a su libre determinación, reconocido por la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1960, implicando con ello una denegación de los derechos humanos fundamentales".
 
El escrito relataba que desde el 31 de octubre de 1975 y hasta la actualidad "el ejército marroquí ha ejercido una permanente violencia contra el pueblo saharaui" en una guerra de invasión que obligó a abandonar sus hogares a 40.000 personas, que tuvieron que huir al desierto y "fueron perseguidas y bombardeadas por las fuerzas invasoras con napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación". Una de las asociaciones querellantes concretó el pasado año que tiene constancia de que algunos de los perseguidos fueron arrojados al vacío desde helicópteros.

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