LD (Agencias)
El ministro de Defensa, José Pampuro, ha transmitido a las Fuerzas Armadas la orden del Gobierno del presidente Néstor Kirchner para que se de cumplimiento a la detención de 45 ex represores vinculados con la última dictadura. El ministerio recibió el oficio del juez federal Rodolfo Canicoba y la remitió a las autoridades militares en esa reunión para que “instrumenten las medidas necesarias con la premura del caso”. Tras la orden, el Gobierno actual debe derogar el decreto que prohíbe extradiciones. En el plano judicial, las autoridades estudian declarar inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
La petición de detención recae sobre 45 ex jefes militares y un civil, acusados de genocidio, terrorismo y torturas durante la dictadura militar (1976-1983). En la orden están incluidos los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. Ambos bajo arresto domiciliario y acusados de haber llevado adelante un plan para el robo de hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio en centros clandestinos de detención. En la misma situación están Guillermo Suárez Mason y Héctor Antonio Febres. El juez también ordenó la detención del ex marino Alfredo Astiz, condenado en Francia en rebeldía por la desaparición de dos monjas católicas. En la lista de Garzón también figuran los ex generales Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi, responsables de ejecuciones y desapariciones, beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Canicoba Corral explicó que las detenciones son sólo un “trámite previo” al pedido formal de extradición, y señaló que se trata de una medida casi automática. “Impartida la orden internacional de detención vigente y constatada, se procede al arresto”, explicó el magistrado en declaraciones a periodistas en los tribunales. Ahora, debe decidir si sigue adelante con el juicio de extradición o su envía el caso a la Cámara Federal para que sortee un nuevo juez.
La petición de detención recae sobre 45 ex jefes militares y un civil, acusados de genocidio, terrorismo y torturas durante la dictadura militar (1976-1983). En la orden están incluidos los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. Ambos bajo arresto domiciliario y acusados de haber llevado adelante un plan para el robo de hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio en centros clandestinos de detención. En la misma situación están Guillermo Suárez Mason y Héctor Antonio Febres. El juez también ordenó la detención del ex marino Alfredo Astiz, condenado en Francia en rebeldía por la desaparición de dos monjas católicas. En la lista de Garzón también figuran los ex generales Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi, responsables de ejecuciones y desapariciones, beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Canicoba Corral explicó que las detenciones son sólo un “trámite previo” al pedido formal de extradición, y señaló que se trata de una medida casi automática. “Impartida la orden internacional de detención vigente y constatada, se procede al arresto”, explicó el magistrado en declaraciones a periodistas en los tribunales. Ahora, debe decidir si sigue adelante con el juicio de extradición o su envía el caso a la Cámara Federal para que sortee un nuevo juez.