LD (EFE) El fiscal general de Bolivia, Mario Uribe, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia (requerimiento acusatorio) por genocidio contra del ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, y varios ex jefes policiales por las tres muertes y los cientos de heridos que hubo en una revuelta en Sucre, en noviembre de 2007.
El ordenamiento jurídico boliviano castiga con penas de cárcel de 10 a 20 años los delitos de genocidio, que contempla en dos modalidades, una de ellas "masacre sangrienta", que es lo que el fiscal cree que sucedió el pasado 23 de noviembre en Sucre.
Aquél día, habitantes de Sucre se enfrentaron a la Policía en protesta contra la Asamblea Constituyente impulsada por el oficialismo y que había retirado de su agenda la cuestión de la capitalidad y el retorno de los poderes del Estado a esa ciudad. Las manifestaciones terminaron con la muerte de tres personas y alrededor de trescientos heridos, de los que ahora el fiscal responsabiliza a Rada y al ex comandante general de la Policía, Miguel Vásquez; el coordinador general de la fuerza, Jorge Espinoza y el ex comandante de la Policía Departamental de Chuquisaca, José Galván,
La Fiscalía boliviana informó de que tras presentar la acusación, corresponde al Congreso del país autorizar el procesamiento penal de los implicados que gozan de privilegios constitucionales por la jerarquía de sus cargos. El "requerimiento acusatorio" surge de la demanda presentada por el presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Hernando Aguilar.