LD (Agencias) Según portavoces de la Policía Nacional, "hasta la fecha de hoy no se ha confirmado la recepción" de la nota emitida por la Interpol, a pesar de haber transcurrido siete días desde que se informó de la difusión de la solicitud de captura del ex gobernante de ascendencia nipona a los 181 países miembros de la organización, pedida por la autoridad peruana.
El pasado día 8 la Oficina del Consejo Legal de la Secretaría General de Interpol anunció al ministro de Justicia peruano, Fausto Alvarado, la orden internacional después de despejar sus dudas sobre el pedido de las autoridades judiciales y gubernamentales peruanas por homicidio calificado, desaparición forzada y lesiones graves. El pasado lunes la Policía nipona indicó que la recepción de la solicitud no implicaba la detención automática de la persona buscada y subrayaron la necesidad de que exista una orden de los tribunales japoneses para poder arrestar a alguien.
A finales de 2000 y tras haber dimitido de su cargo a través de una comunicación enviada desde su hotel de Tokio, el Gobierno confirmó a Fujimori su nacionalidad japonesa porque sus padres eran oriundos del sur de Japón. Tokio ha reiterado hasta la saciedad que la ley japonesa obliga al Estado a proteger a sus ciudadanos.
El pasado día 8 la Oficina del Consejo Legal de la Secretaría General de Interpol anunció al ministro de Justicia peruano, Fausto Alvarado, la orden internacional después de despejar sus dudas sobre el pedido de las autoridades judiciales y gubernamentales peruanas por homicidio calificado, desaparición forzada y lesiones graves. El pasado lunes la Policía nipona indicó que la recepción de la solicitud no implicaba la detención automática de la persona buscada y subrayaron la necesidad de que exista una orden de los tribunales japoneses para poder arrestar a alguien.
A finales de 2000 y tras haber dimitido de su cargo a través de una comunicación enviada desde su hotel de Tokio, el Gobierno confirmó a Fujimori su nacionalidad japonesa porque sus padres eran oriundos del sur de Japón. Tokio ha reiterado hasta la saciedad que la ley japonesa obliga al Estado a proteger a sus ciudadanos.