L D (EFE) La Presidencia difundió este jueves entre los socios de la UE un informe previo a la cumbre de Bruselas de los próximos 21 y 22 de junio en el que propone sustituir la Constitución por un nuevo texto que reformaría, sin sustituirlos, los dos principales tratados existentes, el de la Unión Europea y el de la Comunidad Europea.
Alemania precisa que los Veintisiete deberían negociar de junio a diciembre, en una conferencia intergubernamental limitada en su mandato, "la manera de insertar" en esos dos tratados "las medidas acordadas en 2004 con el fin de hacer más eficaz y democrática a la UE".
El nuevo tratado de la UE conservaría su nombre y el de la Comunidad Europea sería rebautizado como "Tratado sobre el funcionamiento de la Unión". En éste serían introducidas todas las disposiciones para la aplicación de las políticas comunes. "Ambos tratados tendrían el mismo valor legal" y "la Unión poseería una única personalidad jurídica", según la Presidencia.
En su evaluación global de la situación, Alemania reconoce que para aquellos estados que ya ratificaron el Tratado constitucional la vuelta al tratado clásico "representa una concesión fundamental". El informe admite la existencia de "diferentes enfoques" en cuanto a la estructura. Así, "un cierto número de estados miembros subraya la importancia de evitar la impresión que puede dar el simbolismo y el título de 'Constitución' de que la naturaleza de la Unión está sufriendo un cambio radical". Para esos países, ello "implica la vuelta al método tradicional de reforma de los tratados, por medio de otro tratado que enmiende los anteriores, así como una serie de cambios en la terminología, comenzando por la supresión del título 'Constitución'".
La Presidencia alemana advierte que ese enfoque de los críticos "no es incompatible con la demanda de los estados que ya han ratificado de que se preserve al máximo la sustancia del Tratado constitucional". Según el informe, los estados que ya han ratificado "están dispuestos a considerar el método alternativo de reforma de los tratados, si contribuye a alcanzar un resultado aceptable para todos y a superar el punto muerto actual". Los países que han ratificado el Tratado constitucional (18 de 27) "insisten en la necesidad de preservar la sustancia de las innovaciones" acordadas en la negociación de 2004 y en "asegurar lo más posible la legibilidad y simplicidad del nuevo Tratado".
El informe, elaborado por la Presidencia alemana como balance de las gestiones bilaterales llevadas a cabo durante este semestre, enumera las preocupaciones principales expresadas por los socios europeos de cara a la fase final de la negociación. Sorprende que la principal reivindicación de Polonia, a saber, el cambio en el sistema de voto por doble mayoría previsto por la Constitución, no se ve reflejada en el documento de la Presidencia. Por el contrario, el texto afirma que la UE "tiene el máximo interés en asegurar que los tratados actuales son adaptados con el fin de introducir (en ellos) el conjunto de reformas institucionales acordados en la CIG (conferencia intergubernamental) de 2004".
Alemania se hace eco de otras inquietudes expresadas por los socios europeos, como la insistencia en que la Unión respete la identidad de sus estados miembros, o que se introduzca mayor claridad en la delimitación de competencias entre la UE y los estados. Igualmente, existe una "clara demanda" por parte de algunas delegaciones a favor de un mayor papel para los parlamentos nacionales. "Algunos han pedido que el texto de la Carta de Derechos Fundamentales sea eliminado del Tratado. Pero otros se oponen firmemente. La mayoría de éstos podría no obstante aceptarlo a condición de que el carácter legalmente vinculante de la Carta quede preservado mediante una referencia en el cuerpo del Tratado".
En su enumeración final, el informe de la Presidencia menciona solo seis áreas en las que todavía no hay acuerdo. Se trata de la cuestión de los símbolos de la UE y la primacía del derecho comunitario sobre el nacional; de los posibles cambios terminológicos ('ministro' de Exteriores, por ejemplo); del tratamiento de la Carta de Derechos Fundamentales; de la especificidad de la Política exterior y de seguridad común; de la delimitación de competencias entre la Unión y los estados; y del papel de los parlamentos nacionales.
Alemania precisa que los Veintisiete deberían negociar de junio a diciembre, en una conferencia intergubernamental limitada en su mandato, "la manera de insertar" en esos dos tratados "las medidas acordadas en 2004 con el fin de hacer más eficaz y democrática a la UE".
El nuevo tratado de la UE conservaría su nombre y el de la Comunidad Europea sería rebautizado como "Tratado sobre el funcionamiento de la Unión". En éste serían introducidas todas las disposiciones para la aplicación de las políticas comunes. "Ambos tratados tendrían el mismo valor legal" y "la Unión poseería una única personalidad jurídica", según la Presidencia.
En su evaluación global de la situación, Alemania reconoce que para aquellos estados que ya ratificaron el Tratado constitucional la vuelta al tratado clásico "representa una concesión fundamental". El informe admite la existencia de "diferentes enfoques" en cuanto a la estructura. Así, "un cierto número de estados miembros subraya la importancia de evitar la impresión que puede dar el simbolismo y el título de 'Constitución' de que la naturaleza de la Unión está sufriendo un cambio radical". Para esos países, ello "implica la vuelta al método tradicional de reforma de los tratados, por medio de otro tratado que enmiende los anteriores, así como una serie de cambios en la terminología, comenzando por la supresión del título 'Constitución'".
La Presidencia alemana advierte que ese enfoque de los críticos "no es incompatible con la demanda de los estados que ya han ratificado de que se preserve al máximo la sustancia del Tratado constitucional". Según el informe, los estados que ya han ratificado "están dispuestos a considerar el método alternativo de reforma de los tratados, si contribuye a alcanzar un resultado aceptable para todos y a superar el punto muerto actual". Los países que han ratificado el Tratado constitucional (18 de 27) "insisten en la necesidad de preservar la sustancia de las innovaciones" acordadas en la negociación de 2004 y en "asegurar lo más posible la legibilidad y simplicidad del nuevo Tratado".
El informe, elaborado por la Presidencia alemana como balance de las gestiones bilaterales llevadas a cabo durante este semestre, enumera las preocupaciones principales expresadas por los socios europeos de cara a la fase final de la negociación. Sorprende que la principal reivindicación de Polonia, a saber, el cambio en el sistema de voto por doble mayoría previsto por la Constitución, no se ve reflejada en el documento de la Presidencia. Por el contrario, el texto afirma que la UE "tiene el máximo interés en asegurar que los tratados actuales son adaptados con el fin de introducir (en ellos) el conjunto de reformas institucionales acordados en la CIG (conferencia intergubernamental) de 2004".
Alemania se hace eco de otras inquietudes expresadas por los socios europeos, como la insistencia en que la Unión respete la identidad de sus estados miembros, o que se introduzca mayor claridad en la delimitación de competencias entre la UE y los estados. Igualmente, existe una "clara demanda" por parte de algunas delegaciones a favor de un mayor papel para los parlamentos nacionales. "Algunos han pedido que el texto de la Carta de Derechos Fundamentales sea eliminado del Tratado. Pero otros se oponen firmemente. La mayoría de éstos podría no obstante aceptarlo a condición de que el carácter legalmente vinculante de la Carta quede preservado mediante una referencia en el cuerpo del Tratado".
En su enumeración final, el informe de la Presidencia menciona solo seis áreas en las que todavía no hay acuerdo. Se trata de la cuestión de los símbolos de la UE y la primacía del derecho comunitario sobre el nacional; de los posibles cambios terminológicos ('ministro' de Exteriores, por ejemplo); del tratamiento de la Carta de Derechos Fundamentales; de la especificidad de la Política exterior y de seguridad común; de la delimitación de competencias entre la Unión y los estados; y del papel de los parlamentos nacionales.