Alejandro González Raga y Omar Pernet Hernández, exiliados residentes en Madrid, fueron detenidos junto a otros 73 disidentes en la llamada Primavera Negra de 2003, una ola de represión que el régimen castrista llevó a cabo en respuesta al auge que estaban teniendo los opositores, con iniciativas como el Proyecto Varela, que promueve la celebración de un referéndum para pedir cambios democráticos en la isla.
Permanecieron en la cárcel hasta febrero de 2008, cuando la dictadura de los Castro les permitió salir de prisión, junto a otros dos compañeros del mismo grupo, para viajar a España, aunque apenas tuvieron 13 horas para pensárselo y comunicárselo a sus familiares.
Durante un año, relata González Raga a Europa Press, el Gobierno les pagaba el piso y recibían una ayuda económica para la alimentación y el transporte, pero después se les dejó de prestar esa asistencia porque si no podían darles un permiso de trabajo. A pesar de contar con este permiso, Alejandro no tiene un empleo ni tampoco ninguno de sus hijos, a pesar de que lo han buscado, asegura.
A partir de entonces, añade, él y su familia subsisten gracias a que han optado a un piso de protección oficial en régimen de alquiler y a una renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid.
González Raga pide al Ejecutivo español, ahora que se dispone a acoger a otros cinco presos del Grupo de los 75, que "sea consciente de la responsabilidad" que asumen con estas personas, que van a necesitar una ayuda "que no se resuelve con un año de compañía".
También tiene claro que lo suyo no fue una liberación "sino una deportación". Omar Pernet coincide con el análisis de su compañero. Para él, los cinco compañeros que volarán próximamente a España serán "desterrados" como lo ha sido él. Pernet reconoce que nada más llegar tuvo un "buen recibimiento", pero que en la actualidad "parece que todo se echó al olvido".
Él, como González Raga, ha recibido ayuda para el alquiler de su piso y en torno a 300 euros para su manutención pero denuncia que desde noviembre de 2009 hasta marzo de este año dejó de percibir esta asistencia. Posteriormente volvió a recibir asistencia económica y le pagaron las deudas que había contraído con el propietario de su vivienda, si bien no supo precisar si quien le paga esa ayuda en la actualidad es la Administración estatal o la Comunidad de Madrid.
Tanto González Raga como Pernet poseen el estatuto de asilados políticos, aunque durante casi un año estuvieron en un régimen de alegalidad y subsistían gracias a la Cruz Roja, denuncian fuentes parlamentarias.
Pernet también ha pedido a Moratinos que "se comprometa a prestar la verdadera asistencia" a los cinco presos que viajarán a España y que "no los deje en el abandono". Y recuerda que él no pidió "salir ni para Estados Unidos ni para Europa", sino ser liberado dentro de su tierra. Reclama además al Ejecutivo español que explique a los que vayan a venir "en qué condiciones van a estar aquí".