Aunque en muchos momentos de su presidencia, Chávez ha buscado directamente el conflicto con otros países, esta vez el tono parece ser más grave que en las otras. Ya comenzó sus ataques y sus amenazas de guerra cuando Colombia informó de un acuerdo con EEUU para utilizar bases militares, con el objetivo de combatir de una manera más eficiente el narcotráfico y el narcoterrorismo de las FARC. Después restituyó a su embajador pero sin rebajar el tono de sus declaraciones.
Este fin de semana, Hugo Chávez llamó "mafioso" a su par y vecino colombiano, Álvaro Uribe, y dijo que no hay posibilidad de diálogo con su gobierno "traidor". "No tengo nada que hablar con el mafioso de Uribe, porque sé que está buscando contacto. Podrá pedirlo el Rey de España o gobiernos amigos, pero no hay nada que hablar con ese gobierno traidor", aseguró Chávez.
"Uribe no es político, viene del mundo del paramilitarismo, del narcotráfico, de negocios y componendas, y es capaz de cualquier cosa. Es un hombre muy peligroso porque no tiene principios morales ni éticos", añadió. El presidente venezolano hizo estas declaraciones durante un acto de condecoración simbólica a los llamados "cinco héroes cubanos" encarcelados en Estados Unidos. "A partir de ahora si alguien quiere hablar con el gobierno de Colombia tiene que hablar con Washington que es donde está el poder", señaló Chávez.
"¡Qué no sabrán los yanquis de Uribe para que le hayan impuesto eso!", dijo Chávez tras asegurar que al comienzo de su carrera política el gobernante colombiano tuvo relación con el narcotraficante Pablo Escobar, así como con paramilitares y otros "mafiosos". "Quedará ante la historia como un ignominioso gobernante que entregó la patria a los yanquis", reiteró Chávez.
Las relaciones Perú-Chile, bajo mínimos
Y si la situación es preocupante entre Venezuela y Colombia, no lo es menos en las relaciones entre Perú y Chile, aunque en este caso ni Alan García ni Michelle Bachelet han sido tan desafortunados como para advertir de un posible conflicto militar entre ambos países. Sin embargo, y aunque sus relaciones nunca han sido las mejores, ahora el nivel de la crispación es máximo.
El Gobierno del Perú ratificó este domingo que ha descubierto un caso de espionaje en el que están implicados militares peruanos y ciudadanos chilenos. Alan García, que adelantó su regreso veinticuatro horas de la reunión de APEC en Singapur, dijo que espera tener en Lima "una información plena, adecuada" sobre el asunto.
El ministro de Defensa de Perú, Rafael Rey, recalcó que el caso de espionaje está confirmado.""Efectivamente se trata de un hecho de espionaje financiado por Chile aparentemente, según la declaración de él detenido" dijo en declaraciones a la chilena radio Cooperativa. Añadió que "por supuesto (el caso es) indignante, y es absolutamente lógico las medidas que el Perú ha decidido y que han sido comunicadas a través del canciller". "Qué más les puedo decir, que es indignante tanto como peruanos afectados por este personaje, y por supuesto por la actitud de los involucrados chilenos", agregó.
Según el diario El Comercio, el suboficial de la Fuerza Aérea Peruana (FAP) Víctor Ariza Mendoza entregó secretos de Estado que implican adquisiciones militares programadas hasta el 2021. El suboficial, de 45 años, hizo en los últimos años "viajes triangulados" a Argentina y Chile para entregar esa información, según un reporte migratorio publicado este domingo por el mismo diario. Aunque Ariza ya aceptó su responsabilidad, los investigadores peruanos tratan de determinar la cantidad exacta de información que supuestamente entregó.
El suboficial también habría entregado listas con las identidades de los alumnos de la Escuela de Inteligencia de la FAP y algunos documentos vinculados con la demanda por límites marítimos presentada por Perú contra Chile ante la Corte de Justicia de La Haya, aunque esta información no ha sido confirmada. Los investigadores peruanos tratan de determinar, además, si el suboficial entregó los códigos secretos de comunicación de las embajadas peruanas.
El juez Luis Garzón Castillo, a cargo del Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Lima, abrió instrucción por los cargos de revelación de secretos nacionales, espionaje y lavado de activos en agravio del Estado. El juez remarcó que antes de solicitar la extradición de los dos chilenos se deberán confirmar los datos que se tienen sobre sus identidades. La Comisión de Inteligencia del Congreso decidió, por su parte, citar a los jefes de Inteligencia y de la Contrainteligencia de la FAP, quienes deberán presentarse el lunes, en sesión reservada, para detallar los pormenores del caso.