LD (Agencias)
El cuestionado magistrado acudió junto a sus abogados defensores, Gregorio Badeni y Eduardo Aguirre Obarrio, a la Cámara Alta para ampliar su descargo frente a las acusaciones de presunta corrupción y mal desempeño de sus funciones. "Tengo la conciencia absolutamente tranquila", dijo Moliné, quien confesó tener "mucho miedo" porque el juicio que se lleva adelante en su contra se realiza sin "evidencias palmarias". En su descargo, señaló ser víctima de una "discriminación" por ser el único acusado por las sentencias que firmó en el máximo tribunal.
Esta es la primera vez que la Cámara Alta lleva adelante un enjuiciamiento contra miembros de la Corte Suprema desde 1946. A finales de mayo pasado, el presidente de Argentina, Néstor Kirchner pidió al Parlamento que investigara presuntas irregularidades en la Corte Suprema, lo que disparó la apertura de procesos de juicio político contra miembros del tribunal, una de las instituciones más desprestigiadas del país.
Moliné O'Connor es acusado, entre otros cargos, de convalidar una polémica sentencia que forzaba al Estado a pagar una millonaria indemnización a una empresa, pese a que dos organismos de control de gastos estatales habían impugnado la reclamación de la compañía. También está bajo sospecha su aplicación en un fallo del concepto de "cosa juzgada" por el cual se impidió a un juez investigar una causa por contrabando de automóviles. Además, se acusa por su participación en una resolución de la Corte Suprema que sancionó a algunos jueces, una medida que constituyó una invasión de las funciones propias del Consejo de la Magistratura y un mecanismo de presión hacia los magistrados sancionados.
Esta es la primera vez que la Cámara Alta lleva adelante un enjuiciamiento contra miembros de la Corte Suprema desde 1946. A finales de mayo pasado, el presidente de Argentina, Néstor Kirchner pidió al Parlamento que investigara presuntas irregularidades en la Corte Suprema, lo que disparó la apertura de procesos de juicio político contra miembros del tribunal, una de las instituciones más desprestigiadas del país.
Moliné O'Connor es acusado, entre otros cargos, de convalidar una polémica sentencia que forzaba al Estado a pagar una millonaria indemnización a una empresa, pese a que dos organismos de control de gastos estatales habían impugnado la reclamación de la compañía. También está bajo sospecha su aplicación en un fallo del concepto de "cosa juzgada" por el cual se impidió a un juez investigar una causa por contrabando de automóviles. Además, se acusa por su participación en una resolución de la Corte Suprema que sancionó a algunos jueces, una medida que constituyó una invasión de las funciones propias del Consejo de la Magistratura y un mecanismo de presión hacia los magistrados sancionados.