(Libertad Digital) Montaner, también vicepresidente de la Internacional Liberal, considera que la cadena hotelera española cometió una grave violación del derecho de reunión en connivencia con la dictadura castrista.
El escritor explica que se dirige a la institución presidida por Enrique Múgica por la imposibilidad de reclamar justicia en una dictadura como la cubana, porque los hechos ocurrieron en una empresa española, y porque entiende que una instancia que busca impartir justicia debe tener una vocación internacional cuando las víctimas no pueden reclamar allí donde son violados sus derechos.
Por lo que pide que se realice una investigación a fondo de los lamentables incidentes y sus protagonistas reciban la sanción pertinente. A continuación reproducimos la misiva de Carlos Alberto Montaner al Defensor del Pueblo:
Muy estimado señor,
Esta denuncia proviene de La Habana: yo no soy más que el portavoz, aunque me solidarizo puntualmente con el contenido.
Se trata de un grupo de ciudadanos cubanos que fueron víctimas de una grave violación de uno de sus derechos humanos básicos, el derecho de reunión, y los que cometieron el presunto delito fueron los empleados de la empresa Meliá radicada en La Habana. Fueron ellos los que expresamente, y con cajas destempladas, les comunicaron a los diplomáticos checos y a sus invitados cubanos que en el hotel “no estaban permitidas las actividades contrarrevolucionarias”. Este lamentable incidente sucedió el 28 de octubre pasado.
No era, por supuesto, una actividad contrarrevolucionaria. Se trataba del día nacional checo, y la embajada de ese país en La Habana, como es habitual en cualquier nación civilizada, había alquilado un salón para festejarlo. Entre los invitados, sencillamente, había un grupo de demócratas cubanos. Esos cubanos, entre los que estaban algunas de las Damas de blanco, grupo de madres, esposas e hijas de presos políticos que acaba de recibir el Premio Sajarov que otorga el Parlamento Europeo, se proponían compartir socialmente con los anfitriones checos y otros miembros del cuerpo diplomático, cuando el Hotel Meliá decidió canc! elar el contrato de alquiler y expulsar de sus predios ásperamente a los cubanos que acudían al festejo.
Como seguramente no ignora el Defensor del Pueblo, esa conducta de los empleados de esta empresa española, si ocurriera en España o en cualquier país de la Unión Europea, sería motivo de una inmediata denuncia ante los tribunales, y muy probablemente la sanción que recibirían tanto las personas como la empresa sería severa. En los tiempos actuales no se puede privar a los ciudadanos del derecho a ejercitar sus libertades fundamentales, ni se puede practicar el apartheid ideológico sin sufrir las consecuencias que determina la ley penal.
Esta denuncia llega a sus manos, señor Múgica, por tres razones: la primera y más evidente, es que el sitio en donde ocurrió el delito, Cuba, no es un Estado de derecho sino una dictadura en la que los tribunales están al servicio del gobierno. La segunda, es que presuntamente, quienes cometieron el delito son personas que trabajan para una empresa española asociada al gobierno cubano. Y la tercera, es porque la tendencia de todas las instancias donde se busca o imparte justicia en el mundo –como pudiera suceder con el Defensor del Pueblo– es a actuar en la esfera internacional cuando las víctimas no pueden encontrar justicia en el lugar donde se cometieron los hechos.
Creemos que el caso amerita una investigación a fondo, y, si los hechos son los relatados desde La Habana, los culpables merecen, cuando menos, una seria amonestación. No estaría de más recordarles que las empresas alemanas que colaboraron en la represión con el régimen nazi, tuvieron que indemnizar copiosamente a las víctimas cuando terminó la contienda. Esos son siempre los riesgos de establecer sociedades con tiranías que maltratan a los seres humanos sin piedad ni consideración.