El Ministerio Fiscal desmiente haber recibido presiones por parte de EE.UU, tal y como publica el diario El País. Según demuestran los documentos clasificados a los que ha tenido acceso Wikileaks, elfiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, actuaron como colaboradores de la diplomacia estadounidense con la finalidad de archivar causas judiciales abiertas en España contra militares y políticos de la potencia norteamericana.
Esta afirmación ha sido aclarada a primera hora de esta mañana por el fiscal de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota. En declaraciones a los periodistas, el fiscal ha señalado que a él no lo "han visitado para cerrar nada" y que en los despachos de la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza no han seguido "ninguna instrucción de la embajada de EEUU".
Además, Mota ha defendido la actuación de la Fiscalía en las causas donde militares o políticos estadounidenses se encuentran involucrados, como son la causa por la muerte del cámara de Telecinco José Couso en la Guerra de Irak o la investigación sobre los vuelos secretos de la CIA, y ha destacado que se ha procedido en todo momento en arreglo a las leyes españolas. "Nuestra posición es la legal, atendiendo a la legislación española y en ningún caso es la de transmitir ante las autoridades judiciales españolas los intereses americanos", subrayó González Mota.
Informar, una obligación legal
Asimismo, el fiscal cree que la noticia publicada por Prisa "no compromete en absoluto a la independencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional" por el hecho de que "con posterioridad a presentar un dictamen ante el juez se informe a la opinión pública o se informe a las asociaciones o partes interesadas". "Es, además, una obligación que está en la ley y donde se dice que el fiscal informará preservando el secreto del sumario de esta información", recalcó Mota.
En este sentido, el fiscal ha remarcado que "incluso" existe un protocolo de colaboración entre "grupos españoles y americanos" dedicados a la lucha contra el terrorismo, por el cual "se intercambia información" sobre los procedimientos. "No supone rendir cuentas ni representar los intereses de los americanos", ha indicado, para asegurar que "nunca" se ha reunido con el embajador estadounidense ni ha recibido visitas desde su legación para archivar ningún caso.
Horas después de esta primera respuesta, llegaba la contestación formal por parte de la Fiscalía General del Estado que encabeza Cándido Conde Pumpido. En una nota de prensa difundida a través de la AN, el Ministerio Público se defendía argumentando que "mantiene una estrecha y fructífera relación de cooperación con la Fiscalía General de los Estados Unidos".
Desde el departamento de Pumpido, se explicaba que desde 2005 se producen reuniones de forma periódica de un grupo de trabajo permanente, integrado por Fiscales de ambos países, para el intercambio de información sobre "asuntos de interés mutuo".
"No hay presiones"
Por lo que, los contactos mantenidos entre los miembros del Ministerio Público y de la Administración estadounidense se enmarcarían "dentro de este espíritu de colaboración entre países aliados".
También han negado recibir presiones dos de los jueces instructores de la Audiencia Nacional que investigan la muerte del cámara José Couso y una querella contra los responsables jurídicos de la creación de Guantánamo. Se trata de los magistrados Santiago Pedraz y Eloy Velasco.
Éste último ha destacado que "obviamente no" se ha sentido presionado por EEUU en su investigación sobre las torturas en Guantánamo. "Somos lo suficientemente maduros como para no dejarnos presionar", ha añadido el titular del juzgado de Instrucción Número 6.
Por su parte, el titular del juzgado del juzgado de Instrucción Número 1, Pedraz, ha reconocido mantener contactos con la persona dedicada en la embajada norteamericana del auxilio judicial para la tramitación de comisiones rogatorias en el caso Couso.
Por otro lado, el ministro de Justicia Francisco Caamaño se ha pronunciado sobre las filtraciones a Wikileaks para defender que los fiscales "se pronuncian siempre con luz y taquígrafos" en sus escritos. Así, el ministro ha criticado que la información de Wikileaks está "descontextualizada" y basada en "valoraciones subjetivas".
"Es una información de parte, basada en valoraciones subjetivas que se producen en un entorno discreto y que ahora se descontextualiza, lo cual afecta a todas sus eventuales interpretaciones", recalcó el socialista.