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Rebeldes de Costa de Marfil declaran la alerta por la infiltración de mercenarios en sus territorio

Los líderes rebeldes de Costa de Marfil han puesto a sus milicias en estado de máxima alerta y decretado el toque de queda en el norte y oeste del país, territorios que controlan desde el levantamiento militar en 2002, según informó este viernes África No1, radioemisora captada en Dakar.

LD (EFE) El líder de las rebeldes Fuerzas Nuevas, Guillaume Soro, justificó las medidas por haber detectado "infiltraciones de mercenarios y dobles agentes" en el sur del país, región bajo el mando de las tropas leales al Gobierno del presidente Laurent Gbagbo.
 
"Costa de Marfil se encamina directamente a ser una nueva Ruanda", declaró Soro, quien considera ineluctable la reanudación de la guerra civil. Al mismo tiempo el responsable de FN, quien detenta la cartera de Información en el Gobierno de reconciliación de unidad nacional, ha hecho un llamamiento al resto de los ministros procedentes de las filas rebeldes para que retornen a Bouake, su cuartel general, "para analizar y sacar conclusiones de la situación actual", indicó.
 
Los analistas, dan por segura la ausencia de éstos del consejo de ministros especial convocado para este viernes por Gbagbo para analizar una serie de reformas constitucionales que deberán ser sometidas a la Asamblea Nacional para su debate y votación. Con ello el jefe de Estado trata de salir de la situación de estancamiento en que se encuentra la implementación de los acuerdos de paz, aunque la vincula al desarme de los ex-rebeldes y la unión del territorio nacional, necesarios para que puedan ser convocadas elecciones generales, estipuladas para 2005.
 
Por su parte los insurgentes se oponen al desarme de sus milicias antes de que la Asamblea Nacional adopte todas las reformas Constitucionales estipuladas en los pactos de paz, en especial la que se refiere al artículo 35 de las leyes electorales. Dicho artículo, de gran controversia, estipula las condiciones de nacionalidad de los futuros candidatos a la jefatura del Estado, e impide la inscripción de ivorianos cuyos progenitores, aunque sea solamente uno de ellos, hayan nacido en el extranjero.

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