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Severo Moto recurre ante el Supremo la decisión del Gobierno de revocarle su condición de asilado

El opositor ecuatoguineano Severo Moto ha recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de revocarle su condición de asilado, según comunicó el abogado del primero, Francisco Fernández, a Europa Press. En su recurso, el opositor ecuatoguineano alega que no se han tenido en cuenta sus actividades destinadas a la democratización de Guinea Ecuatorial, así como la legitimidad de los intentos de golpe de Estado contra el Gobierno de Teodoro Obiang.

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El opositor ecuatoguineano Severo Moto ha recurrido ante el Tribunal Supremo la decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de revocarle su condición de asilado, según comunicó el abogado del primero, Francisco Fernández, a Europa Press. En su recurso, el opositor ecuatoguineano alega que no se han tenido en cuenta sus actividades destinadas a la democratización de Guinea Ecuatorial, así como la legitimidad de los intentos de golpe de Estado contra el Gobierno de Teodoro Obiang.
Severo Moto.
L D (Europa Press) Moto apuró casi hasta el final los dos meses de plazo que otorga la ley española para recurrir ante el Supremo una decisión gubernamental como la suya. Su abogado entregó el recurso el pasado lunes y reclamó la celebración de un juicio.
 
El Consejo de Ministros acordó a mediados de marzo desestimar el recurso de reposición interpuesto por Moto contra la revocación de su estatuto de asilado decidida en primera instancia por el mismo Consejo de Ministros del día 30 de diciembre del pasado año. El estatuto de asilado le fue retirado a Severo Moto por la realización de actividades incompatibles con las finalidades y principios de la Carta de Naciones Unidas. Diversos informes de los servicios de seguridad e inteligencia españoles constataron en octubre de 2005 la realización por parte de Severo Moto de una serie de actividades de planificación y organización de actos violentos en Guinea Ecuatorial, incluyendo la recluta de mercenarios y el tráfico de armas.
 
El ministro ecuatoguineano de Asuntos Exteriores, Pastor Michá Ondo, volvió el pasado jueves a agradecer al Gobierno español el que haya iniciado los trámites para retirar el estatuto de refugiado político a Moto e insistió en que un "fugitivo de la ley y terrorista" como el presidente del autoproclamado Gobierno de Guinea Ecuatorial en el Exilio no puede estar viviendo en España. "Me parece una decisión sabia del Gobierno español porque ya era hora que se tomara", afirmó Micha Ondo a Europa Press tras su entrevista con el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en Madrid. "En un país democrático no es aceptable tener a un fugitivo de la ley, un terrorista que lleva años reclutando mercenarios para desestabilizar a un Gobierno soberano", dejó claro.
 
Mientras, el Gobierno de Malabo ha pedido al español cooperación para reforzar su sistema judicial, y el Ejecutivo español prepara, en este contexto, una visita del ministro de Justicia, Juan Fernando López-Aguilar, a la ex colonia, según informaron a Europa Press fuentes diplomáticas. El viaje comenzó a fraguarse esta semana, con motivo de la visita a Madrid de los ministros ecuatoguineanos de Exteriores, Pastor Michá, y Justicia, Angle Masii Mibuy, para participar en la Mesa Redonda organizada por la ONU sobre lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en Africa. El encuentro fue inaugurado por Moratinos y clausurado por López Aguilar.
 
La cooperación para mejorar el sistema judicial y, en general, el Estado de Derecho, fue una de las propuestas que hizo el propio Moratinos al régimen de Obiang cuando viajó a Malabo en marzo de 2005. El ministro se comprometió entonces a que España no serviría de base para organizar intentos de derrocar a Obiang, pero le pidió a éste que avance en la democratización.
 
El régimen guineano, por su parte, está crecientemente interesado en mejorar su sistema judicial, según señalan las fuentes consultadas, precisamente a raíz de la intentona golpista de marzo de 2004. Un tribunal de Malabo juzgó a 14 supuestos mercenarios, y Zimbabue a otros 70, pero el Gobierno ecuatoguineano no dejó de expresar su frustración por el hecho de que España no extraditara a Severo Moto, y Sudáfrica no hiciera lo mismo con Mark Thatcher. El Gobierno español dejó claro desde el primer momento que la extradición es imposible porque en Guinea Ecuatorial está vigente la pena de muerte.

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