L D (EFE) En una entrevista publicada este domingo por el diario chileno "El Mercurio", Luis Guastavino, quien hoy es militante socialista y gobernador de la región de Valparaíso, dijo que el golpe lo dieron todos los chilenos, pero en particular los sectores políticos. "Tenemos una responsabilidad que no sólo cae sobre los que se hicieron cargo del país. La política que llevamos en los tiempos finales (...) iba inevitablemente a un choque que tenía que producir efectos tremendos", señaló el tres veces diputado de la República por el Partido Comunista en las décadas de los años 60 y 70. "Yo instigué. Yo hacía discursos incendiarios. Yo levantaba la gente. Organizaba juntas de vecinos, sindicatos, poblaciones, estudiantes. Es una responsabilidad tremenda (la mía)", destacó, aunque advirtió que no es una responsabilidad "delictiva".
Subrayó que el Partido Comunista llegó en los años 70 a un "punto sin retorno", al igual que todos los sectores de la izquierda chilena, incluida también la Democracia Cristiana. "En la Unidad Popular –recordó el político– se postulaba honestamente el socialismo donde no iba a haber sino una educación, una televisión, un diario, una filosofía, un partido único, todo lo que ocurría en el socialismo real". En ese contexto, sostiene que hoy es fundamental asumir la responsabilidad social y política que tienen aquellos que creyeron y participaron en esa utopía: "Yo no tengo que ver con ningún acto de sangre. Pero murió mucha gente" durante y después del golpe, indicó el gobernador, que fue un activo opositor a la dictadura de Pinochet (1973-1990) y sufrió diez años de exilio.
Según el informe Rettig, que en 1991 documentó las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar, en Chile se registraron 3.197 víctimas, de las cuales 1.192 corresponden a detenidos desaparecidos. Las agrupaciones de derechos humanos han denunciado que en ese periodo al menos 800.000 chilenos padecieron prisión, tortura o exilio. Al respecto, Luis Guastavino señaló que, al cumplirse este año el trigésimo aniversario del golpe de Estado que derrocó a Allende, es fundamental hacer un análisis histórico de las causas del hecho y no sólo conmemorar la fecha. "Hay que recordar más lo que causó el golpe. Porque lo que ocurrió después obnubila el análisis severo y riguroso de los políticos", advierte.
Para el gobernador, Chile es un país que todavía está desintegrado, por lo que el "deber patriótico" de todo político es trabajar para su "reintegración". Respecto al debate que se ha generado en Chile sobre los temas pendientes de los abusos de los derechos humanos perpetrados durante la dictadura, Guastavino resaltó que es muy importante, pero, agregó, lo es también "analizar el pasado críticamente". "No se puede hacer un borrón y cuenta nueva", afirmó, junto con manifestar su confianza en los tribunales para encontrar el paradero de los miles de detenidos desaparecidos que dejó la dictadura y aplicar justicia sobre los militares y civiles responsables. Sin embargo, advierte, "la gente de izquierda que cometió atrocidades, crímenes, también merece castigo".
Subrayó que el Partido Comunista llegó en los años 70 a un "punto sin retorno", al igual que todos los sectores de la izquierda chilena, incluida también la Democracia Cristiana. "En la Unidad Popular –recordó el político– se postulaba honestamente el socialismo donde no iba a haber sino una educación, una televisión, un diario, una filosofía, un partido único, todo lo que ocurría en el socialismo real". En ese contexto, sostiene que hoy es fundamental asumir la responsabilidad social y política que tienen aquellos que creyeron y participaron en esa utopía: "Yo no tengo que ver con ningún acto de sangre. Pero murió mucha gente" durante y después del golpe, indicó el gobernador, que fue un activo opositor a la dictadura de Pinochet (1973-1990) y sufrió diez años de exilio.
Según el informe Rettig, que en 1991 documentó las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar, en Chile se registraron 3.197 víctimas, de las cuales 1.192 corresponden a detenidos desaparecidos. Las agrupaciones de derechos humanos han denunciado que en ese periodo al menos 800.000 chilenos padecieron prisión, tortura o exilio. Al respecto, Luis Guastavino señaló que, al cumplirse este año el trigésimo aniversario del golpe de Estado que derrocó a Allende, es fundamental hacer un análisis histórico de las causas del hecho y no sólo conmemorar la fecha. "Hay que recordar más lo que causó el golpe. Porque lo que ocurrió después obnubila el análisis severo y riguroso de los políticos", advierte.
Para el gobernador, Chile es un país que todavía está desintegrado, por lo que el "deber patriótico" de todo político es trabajar para su "reintegración". Respecto al debate que se ha generado en Chile sobre los temas pendientes de los abusos de los derechos humanos perpetrados durante la dictadura, Guastavino resaltó que es muy importante, pero, agregó, lo es también "analizar el pasado críticamente". "No se puede hacer un borrón y cuenta nueva", afirmó, junto con manifestar su confianza en los tribunales para encontrar el paradero de los miles de detenidos desaparecidos que dejó la dictadura y aplicar justicia sobre los militares y civiles responsables. Sin embargo, advierte, "la gente de izquierda que cometió atrocidades, crímenes, también merece castigo".