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Los agricultores murcianos denuncian que fijar precios máximos como pide Yolanda Díaz los hundiría

Las organizaciones agrarias aseguran que la medida de la vicepresidenta acabaría con la mayoría de cultivos.

Las organizaciones agrarias aseguran que la medida de la vicepresidenta acabaría con la mayoría de cultivos.
Recogida de tomates en Níjar | EFE

La propuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de topar el precio de alimentos básicos de la cesta de la compra para evitar el impacto de la inflación ha encontrado el firme rechazo no solo de los grandes supermercados, sino también de los productores de la mayor parte de esos productos como ocurre con las frutas, verduras y hortalizas.

En el caso de Murcia, referente nacional en la comercialización de esos productos, los agricultores aseguran que fijar un precio máximo no es la solución a sus problemas, sino una dificultad añadida que daría al traste con no pocas explotaciones. En la organización agraria COAG explican que los comercializadores de frutas y hortalizas tratarían de mantener sus márgenes de beneficio y que, por tanto, la reducción del precio final sería una losa para los productores en origen, que llevaría a muchos de ellos a no poder mantener sus cultivos.

Por su parte, el Gobierno regional murciano ha manifestado también su oposición a una medida que, según su consejero de agricultura, "tiene consecuencias normalmente para los productores, aunque también para los consumidores, porque acaba generando desabastecimiento y escasez". En su lugar, el Ejecutivo presidido por Fernando López Miras apuesta por el "establecimiento de líneas de ayudas para compensar los costes", por considerar que es "la única herramienta para poder contener la subida de precios sin buscar cabezas de turco".

La propuesta de la ministra comunista Yolanda Díaz ha encontrado el rechazo de su colega en el Consejo de Ministros, el responsable de agricultura Luis Planas, que ha tachado de inviable la propuesta en una economía de libre mercado por estar prohibida expresamente por la legislación española y comunitaria.

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