La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, principal damnificada por la reducción del caudal del Trasvase Tajo-Segura prevista por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha presentado sus alegaciones contra el Real Decreto del Plan del Tajo que el Ejecutivo central ha sometido a informe del Consejo de Estado.
El Gobierno murciano hace constar en sus alegaciones importantes defectos de forma en la tramitación de este documento, además de destacar la incongruencia de fondo de un plan de cuenca que resulta incompatible con el del río Segura, un contrasentido jurídico que ahora deberá resolver el órgano consultivo.
Fernando López Miras rechaza "la intención de modificar mediante Real Decreto aspectos incluidos en una ley, la Ley de Aguas, algo que no es posible, ya que la ley es una norma de carácter superior". A ello, criticó, "se suma una circunstancia insólita, y es que el documento que va a valorar el Consejo de Estado no es el mismo que el debatido y aprobado por el Consejo Nacional del agua".
"Dicho de otra forma: han cambiado el texto -resume López Miras- para que el recorte del 50 por ciento del trasvase no esté ligado en ningún caso a la evolución ecológica del Tajo, tal y como intentaron vendernos en un principio, y ahora ese recorte se produce porque sí, de forma automática. Porque lo dice el Gobierno y punto".
"No hay motivos para acabar con el trasvase Tajo-Segura", recordó López Miras, ya que "ningún informe avala que un recorte en el agua trasvasada va a suponer un beneficio ecológico en el río Tajo". Por ello, afirmó, "sólo cabe pensar que lo que mueve al Gobierno central a acabar con esta infraestructura imprescindible para nuestra tierra son criterios políticos, ideológicos y electoralistas", lo que, a juicio del presidente regional, constituye "una tropelía".