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El ex presidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, condenado a tres años de cárcel por el caso Auditorio

Pedro Antonio Sánchez ha sido condenado a tres años de prisión por prevaricación y falsedad en el denominado proyecto Auditorio.

Pedro Antonio Sánchez ha sido condenado a tres años de prisión por prevaricación y falsedad en el denominado proyecto Auditorio.

El ex presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Murcia a tres años de cárcel, una multa de 3.600 euros, y 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público. Sánchez ha sido considerado culpable de dos delitos de prevaricación, uno de ellos en concurso con uno de falsedad, en relación con el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ven probado que encargó a un arquitecto "verbalmente y sin previo expediente" las obras del auditorio municipal cuando era alcalde de Puerto Lumbreras y hacer lo posible para "evitar la libre concurrencia de profesionales en el concurso".

El tribunal también ha condenado como cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación a la que fuera secretaria accidental del ayuntamiento, y un arquitecto, a la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante 15 años y 6 meses, la primera, y 16 años y 6 meses, el segundo, según las mismas fuentes.

Los magistrados consideran que "la prueba documental, testifical y pericial es contundente en la acreditación de la tesis de las acusaciones".

Afirman que Sánchez, cuando era alcalde, sabedor de la existencia de subvenciones a corporaciones locales para el desarrollo de determinadas edificaciones culturales, encargó al arquitecto acusado, "verbalmente y sin previo expediente alguno de contratación" un proyecto para solicitar tal ayuda. Y, posteriormente, conseguida la ayuda, convocar el concurso de proyectos, "totalmente condicionado a que el ganador fuera el arquitecto".

Sobre el segundo delito de prevaricación, la Sala constata que una vez concedida la subvención, cuando el arquitecto detecta "que existía inviabilidad técnica y económica en la ejecución del proyecto" lo comunica al alcalde y juntos, con la funcionaria municipal, "convinieron la confección de un proyecto modificado que permitiera justificar ante la Comunidad Autónoma la inversión de la subvención e impedir el reintegro, aunque ello supusiera dejar la obra inacabada".

La sentencia absuelve al ex alcalde del delito de fraude a la Administración Pública del que también estaba acusado. "Los hechos relatados anteriormente no encajan en esta tipicidad, ya que la aprobación del proyecto modificado no tenía por objeto defraudar al Ayuntamiento", señala la sentencia.

"La única voluntad que se tenía cuando se aprobó el modificado era salvar los errores creados desde la redacción del proyecto y ello en aras a justificar la inversión de la subvención y evitar la exigencia del reintegro", explica la resolución.

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